P. Oeste. Residentes de la Playita de Bique, comunidad localizada en el distrito de Arraiján, solicitaron a la presidenta de la República, Mireya Moscoso la agilización de los trámites de titulación de las tierras que desde hace 30 años ocupan ilegalmente.
La vocera de los quejosos, Esther Córdoba, recordó que en la administración anterior una comisión representativa de la comunidad estableció reuniones con el ex ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, para tratar el tema de la legalización, incluso se llegaron a acuerdos para concretar el proceso formal de titulación.
Indicó que con el cambio de gobierno las negociaciones se estancaron y se perdió el contacto con el Ministerio de Vivienda (MIVI) y actualmente no se ha avanzado.
"Nosotros le hacemos un llamado a la Mandataria porque debe recordar que hace un año durante un acto protocolar celebrado en Arraiján se le entregó un proyecto de desarrollo que reflejaba las grandes necesidades que padecía esa comunidad y ella se comprometió públicamente a visitarnos y hasta el día de hoy se ha olvidado de su promesa", expresó la dirigente.
Aseguró que los políticos solamente se preocupan en brindar soluciones donde se concentran las grandes mayorías, pero como la Playita de Bique es una comunidad con una población de 300 familias se le tiene en el olvido.
Manifestó que es inaudito que en una comunidad ubicada a sólo 30 minutos de la ciudad capital, utilizan los servicios básicos de forma clandestina.
Agregó que no cuenta con un transporte adecuado, instalaciones de salud, agua potable, electrificación, necesidades plasmadas en el proyecto de desarrollo entregado a la jefa del Ejecutivo.
Por su parte, el ex ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, informó que durante su administración, luego de reuniones con los residentes, contactó a los propietarios de las tierras para comunicarles el interés del gobierno de Ernesto Pérez Balladares en resolver el conflicto de tierra.
Explicó que en esta administración es notoria la falta de voluntad por buscar una solución a estas familias y aún no se les cumple con el proceso de titulación de los terrenos.
Señaló que lo más viable sería que el Ejecutivo lleve a cabo la expropiación de las tierras y en ese caso el Estado adquiere los derechos de los terrenos y establezca un precio de un valor catastral; la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas, hacen un avalúo y posteriormente de ambos resultados se saca un solo costo.
Añadió que la cifra obtenida del avalúo de las tierras se les notifica a los dueños y de no aceptar, el dinero se deposita en un juzgado.
Dijo que tienen dos opciones lo toman o lo dejan, pero en ese caso, el Estado entra a tomar la titularidad de las tierras y se la factura a los ocupantes en un precio módico.
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