PANAMÁ
El fiscal sustentó la aprehensión del ciudadano y le formuló cargos por el presunto delito de violación sexual y solicitó la medida cautelar de detención preventiva, a la cual accedió el juez.
El delito contra los menores se originó en la comarca Gnäbe Buglé y la denuncia fue presentada por la madre de los menores.
Un Juez de Garantías, en la provincia de Chiriquí, ordenó este lunes la detención preventiva de un ciudadano de 50 años, por presuntamente abusar sexualmente de cuatro menores de edad, aprovechando que conocía a la madre de las víctimas.
Durante la audiencia de garantías, el personero de San Félix, Jonathan Valdez, sustentó los elementos de convicción que vinculan al hombre con el presunto delito de violación.
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El fiscal sustentó la aprehensión del ciudadano y le formuló cargos por el presunto delito de violación sexual y solicitó la medida cautelar de detención preventiva, a la cual accedió el juez.
El delito contra los menores se originó en la comarca Gnäbe Buglé y la denuncia fue presentada por la madre de los menores.
Una vez culminó la audiencia de garantías, se ordenó el traslado del implicado a la cárcel de varones ubicada en la comunidad del Icaco, en el corregimiento de Chiriquí, por espacio de seis meses de manera preventiva, mismo tiempo que se le dio al Ministerio Público para la investigación.
Mientras que, en otra audiencia, se ordenó la detención preventiva de una mujer de 21 años, imputada por los delitos de robo y por quebrantar las medidas de protección.
La fiscal adjunta de la sección de Decisión y Litigación Temprana, Margioris González, sustentó ante el juez los elementos de convicción que vinculan a la aprehendida con el hecho en perjuicio de un joven ocurrido el 21 de octubre del 2020.
La fiscal dijo que la hoy investigada agredió físicamente a la víctima y mediante intimidación la despojo de sus bienes.
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El juez aceptó los elementos para la aprehensión, la formulación de cargos y ordenó la detención preventiva ordenando su traslado a la cárcel de mujeres, por un período de seis meses, el mismo tiempo otorgado al Ministerio Público para la investigación.
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