Algunas cifras
- meses duró todo el proceso, desde la comisión del homicidio hasta la lectura de las condenas.
- personas fueron detenidas y juzgadas, de las cuales se declaró culpables a cinco.
Las vigorosas condenas dictadas por el asesinato del exgobernador de Coclé, Darío Fernández, son vistas por algunos no solo como el primer gran escollo que sorteó el novedoso Sistema Penal Acusatorio en Panamá, sino también como una muestra de que los crímenes recibirán un duro castigo.
Otros, sobre todo en Coclé, aún sienten descontento porque consideran que el autor intelectual del crimen continúa libre.
Armando Fuentes, abogado de la familia Fernández, es uno de ellos. Él reconoce que, aunque se hizo justicia con las penas de 41, 38 y 33 años de prisión para los implicados presentes en las audiencias, el autor intelectual debe ser capturado y pagar por este crimen. “Hay temor en la familia y penonomeños porque no se sabe su paradero”, afirmó.
Fuentes se refieren a Ricardo Martínez, alias “Boca de quenque”, ligado presuntamente a una red criminal de fraude de tierras y sobre quien se mantiene orden de captura.
Algunos expertos en materia penal y criminológica del país aseguran que las condenas aplicadas en este caso son ejemplo de la efectividad del SPA.
Para Rolando Carrizo, fundador de la Cruzada Juvenil por la Paz, es bueno que se den este tipo de sentencias porque se le está enviando un mensaje a la delincuencia. “Más que un escarmiento es un mensaje de que estos actos no tienen ningún tipo de condenas mínimas. Tienen que ser condenas ejemplares para disminuir los crímenes”, dijo.
Severino Mejía, exministro de Gobierno y Justicia en la pasada administración gubernamental, no piensa igual. Señala que el hecho de que el SPA acelere el proceso no quiere decir que esto sea un medio para disminuir las actividades delictivas en el país.
"Pensar que acelerar los procesos va a impedir que los delincuentes ablanden sus actividades, no los va a inhibir de seguir delinquiendo", sostuvo el experto en comportamientos criminológicos y pandillas.
El abogado coclesano Julio Botello considera que se trató de un caso muy complicado que, afortunadamente, se manejó de forma muy rápida y oportuna.
14
13
Por su grado de amistad con Fernández, el ingeniero Michelín Grimaldo estuvo presente en todas las audiencias y a su parecer este crimen nunca debió darse contra un hombre tan justo como era el exgobernador, por lo cual opina que sí se ha hecho justicia.
El fiscal Roberto Moreno explicó que el Sistema Penal Acusatorio permite que, de existir implicados con orden de captura, se pueda proceder a juzgar primero a los detenidos, y cuando se dé con la persona evadida, realizar otra audiencia por los mismos cargos, así que el caso no está del todo cerrado.
Desde que ocurrió, el 8 de noviembre de 2011, el crimen de Fernández se convirtió en un reto para el SPA que solo tenía dos meses de haber sido implementado en el Segundo Distrito Judicial.
Según Alma Yerina Fernández, hija del exgobernador, su padre fue la víctima, pero por él se descubrió una red criminal dedicada a la estafa y fraude de tierras, por lo que lanzó un mensaje a las autoridades para que cuando se denuncie la corrupción, se tomen medidas para detenerla y evitar desenlaces fatales.
Sobre el proceso
Fueron más de 20 audiencias en la etapa de investigación. Se capturaron a ocho personas, de las cuales dos fueron posteriormente liberadas. Las seis restantes fueron procesadas por homicidio agravado y asociación ilícita para delinquir, dando como resultado la condena de cinco de ellas y la absolución de una.
Según se desprende de las investigaciones y de las audiencias, Joel Guerra Flores disparó contra Fernández; Miguel Ángel Arnes García estuvo en la escena del crimen acechando y ubicando a la víctima; Deshi Ibeth Quirós Matal lo señaló; Mayra Hall coordinó vía telefónica el traslado de los implicados en la escena y recogió a dos; y Julián Alfredo Nouvet recogió a otro.
El Ministerio Público llamó a declarar a 50 testigos y peritos, pero solo participaron 35, mientras que de unos 25 de los testigos anotados por la defensa solo acudieron 15, pues luego consideraron innecesario que algunos declararan.
Las audiencias realizadas fueron para el control de la aprehensión, imputación de cargos y medida cautelar de cada implicado. La última fue para sustentar el llamamiento a juicio y luego un juez de garantías informó que el juicio sería el 7 de mayo, año y medio después del crimen.
El 26 de junio el Tribunal de Juicio leyó la sentencia condenatoria sustentada en que hubo un homicidio agravado y asociación ilícita para delinquir porque existe una red criminal.
