PANAMÁ
A pesar de que Eduardo Baltazar salió libre, y se declaró ilegal la detención, el Ministerio Público informó que se presentaron cargos por lesiones personales.
Eduardo Baltazar, aseguró que el día del incidente estaba en su faena de pesca cuando fue detenido. Foto. Diomedes Sánchez
Eduardo Baltazar, pescador de 40 años de edad, deberá presentarse los días 15 y 30 de cada mes en la Casa de Paz de la comunidad de Coclé del Norte, en la Costa Abajo de Colón, como medida cautelar impuesta tras su detención.
Baltazar fue detenido recientemente por las autoridades en Punta Rincón, en medio de una protesta acuática.
Según Baltazar, él se encontraba pescando lejos de los enfrentamientos cuando fue detenido repentinamente por las autoridades, a pesar de explicar que era pescador.
A pesar de que se le concedió la libertad y se declaró ilegal la detención, el Ministerio Público informó que se presentaron cargos por lesiones personales contra servidores públicos.
También se le presentaron cargos por atentar contra la seguridad colectiva en relación con delitos contra los medios de transporte.
Además, Baltazar tiene prohibido salir del país y tampoco podrá acercarse al lugar de los hechos (Punta Rincón).
Asimismo, se le prohíbe al imputado acercarse a los agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
Por otra parte en días recientes, se informó que debido a las protestas Minera Panamá ha reducido sus operaciones debido "a un bloqueo ilegal ocasionado por pequeñas embarcaciones en el puerto" que "han afectado la entrega de suministros para la planta de generación de energía (...)" y "han obstaculizado la carga de concentrado de cobre en los buques".
Minera Panamá es el foco de las masivas protestas en el país, las más intensas de las últimas décadas, que están próximas a cumplir un mes, después de que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, firmara un contrato que renueva a esa minera una concesión a 20 años prorrogables para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
Ahora, la Corte Suprema de Justicia debe fallar sobre la inconstitucionalidad o no de ese contrato, decidiendo su futuro. Según defienden ambientalistas y algunos juristas, la declaración de "inconstitucionalidad" de ese contrato pondría en una situación más ventajosa al Estado frente a una posible demanda internacional en el futuro.
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