Chiriquí. Al menos 70 galones de bebida fermentada conocida como “guarapo o chirrisco” fueron incautados de manera sorpresiva en distintos centros de expendio clandestinos, en el distrito de San Félix.
El duro golpe a la producción alcohólica clandestina fue dada ayer en horas de la mañana en la comunidad de Juay, en un operativo sorpresa donde participó el corregidor del área y la policía de San Félix.
Unos B/.105.00 dejaron de percibir los propietarios de estos establecimientos que fueron detectados dentro de las residencias de sus productores.
De acuerdo con los consumidores, cada galón de guarapo o chirrisco en el distrito de San Félix cuesta B/.1.50, de manera que dos galones son suficientes para que una persona alcance el total estado de ebriedad.
Algunos afirman que sólo necesitan agua, rapadura y la famosa “mamita” que es el residuo que queda en el fondo de cada tanque de depósito de fermentación y sólo espera un día para que la bebida alcance su máximo nivel de fermentación y así poder comercializarlo.
Estas prácticas se llevan a cabo en algunos hogares de las comunidades Juay, San Félix, Las Lajas, Las Delicias, Rincón Largo, Santa Cruz, solo por mencionar el distrito de distrito de San Félix, fuera de Tolé, Remedios y San Lorenzo en el Oriente Chiricano.
Pidió a los jóvenes que se aparten de las drogas, por que se dijo que el sujeto que mató a Juancito estaba bajo los efectos de las sustancias ilícitas.
Toda la comunidad de Puerto Escondido que lo vio crecer como un niño sano, exigen que el peso de la ley caiga sobre el inhumano sujeto, plenamente identificado, por que pudo ser otros de los niños que al igual que Juancito pudieron caer.
Sólo deja de asistir a sus clases los días en que se encuentra en alguna crisis de dolor, pero cumple al pie de la letra las indicaciones de su maestra, inclusive hasta sus compañeros, quienes ya han aprendido a aceptar a Larissa tal como es. Juega con sus amigos y hasta desea volver a subir una bicicleta.
Un documento con la firma de las partes, entregado a este medio, detalla que se reconoce mutuamente la importancia de la delimitación de sus tierras.
Los emberá – wounaán de Arimae y Emberá Puru ceden ante la entrega de 45 hectáreas, según el estudio tenencial de la Reserva de Arimae confeccionado por el Departamento de Catastro Rural de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, a unas 13 familias.
Opua manifiesta que regresaron tranquilos a sus tambos (casas indígenas hechas de madera y pencas amarradas entre sí). “Estábamos convencidos de que se respetaría la ley y terminarían las invasiones”.
No pasaron muchos días para que se percataran de lo contrario. Es así como, por petición de ellos, se envía nota al viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, el 28 de abril, para que se haga cumplir el acuerdo previo.
La carta fue firmada por la directora nacional de Política Indigenista, Marianella Martinelli.
“Solicitamos a usted (viceministro) su firma en la nota adjunta dirigida a la profesora Lesbia Aldeano, gobernadora de la provincia de Darién mediante la cual se le solicita hacer cumplir el acuerdo suscrito entre moradores y campesinos de Arimae, Vista Alegre y Emberá Puru”.
Agrega “el acuerdo señala desalojar a los invasores que no estén incluidos en el mismo e impedir cualquier otra invasión”.
Un mes después, el 23 de mayo, la tónica se mantenía. Esta vez el subdirector Nacional de Política Indigenista encargado, Dorian Ríos, envía una nota al jefe de la Zona de Policía de Santa Fe.
En ella reitera la necesidad de velar por el cumplimiento de lo acordado, al tiempo que añade “hemos tenido conocimiento por las autoridades del área de Pusadrua, que campesinos están invadiendo Arimae y las autoridades locales no están haciendo nada”.
“Pedimos su apoyo para que se desarrolle una inspección”. Todavía esperan que la medida se haga cumplir, afirma Opua.
La situación se agrava con el pasar de los días. Sólo el martes 22 de julio se dio la alerta en Panamá de que cerca de 80 indios habían cerrado la vía a la altura de Arimae en reclamo de tierras a orillas de la carretera que estaban siendo invadidas.
Se armaron con machetes y juraron defender con sus vidas estos territorios que consideran suyos. El incidente exigió la presencia de autoridades locales y de Gobierno y Justicia. Aunque dicho en buen panameño, por los vientos que soplan, el asunto “pica y se extiende”.
