Un muerto, 32 heridos (siete de ellos miembros de la Policía Nacional) y 41 detenidos fue el saldo que dejó ayer la reapertura de la vía Interamericana, bloqueada desde el pasado martes por grupos indígenas que reclaman garantías legales para evitar la explotación minera e hidroeléctrica en sus territorios.
El operativo de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional arrancó a las 6:00 a.m., con el objetivo de restablecer el tránsito en los sectores de San Félix, Tolé, Viguí, Boca de Monte y Horconcito.
Niños, jóvenes y adultos se mantenían en la vía con palos en mano y biombos, para obstaculizar el paso a las unidades de la Policía.
Los indígenas también movieron hierros, arrancaron ramas y quemaron neumáticos sobre la vía, en la que se encontraban varados pasajeros de nacionalidad costarricense, argentina y nicaragüense.
Además, sobre la carretera estaban apostados camiones que transportaban productos agrícolas para abastecer los mercados de la provincia de Panamá.
En el operativo participaron cerca de 200 unidades de la Policía Nacional, quienes replegaron a los manifestantes con bombas lacrimógenas y balas de gomas. La acción policial se extendió hasta las 3:00 p.m. aproximadamente.
Enfrentamiento cobra vida.
Durante los choques, Gerónimo Rodríguez, de 26 años de edad, oriundo del área de Nole Duima, en la Comarca Ngäbe-Buglé, perdió la vida.
“Reiteramos que es totalmente falso que nuestras unidades de Control de Multitudes hayan realizado disparos con armas calibre 38, de 9 mm o rifles de asalto en contra de los manifestantes, como se ha afirmado irresponsablemente”, manifestó la Policía Nacional a través de un comunicado en el que confirmó la muerte del indígena.
Tras la incursión de las unidades de la Policía Nacional, un grupo de manifestantes le prendió fuego al cuartel ubicado en el centro del distrito de San Félix, a eso de las 10:00 a.m. y amenazaron con quemar algunas otras oficinas gubernamentales, entre estas el Banco Nacional de Panamá y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.
La Iglesia intenta mediar.
El obispo de David, José Luis Lacunza, salió en defensa de los padres Carlos De la Cruz y Adonais Cortez, al desmentir algunas declaraciones que dio el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, de que los curas eran líderes de las revueltas.
Lacunza agregó que los sacerdotes son conscientes de su papel y que los religiosos han estado con él tratando de buscar las maneras de resolver el conflicto entre los indígenas y el Gobierno. Explicó que su esfuerzo por lograr un diálogo duró hasta la madrugada de ayer cuando le comunicó al ministro de Turismo, Salomón Shamah, que el mensaje que recibió de la masa indígena era que no aceptaba el acuerdo pactado en la noche y que no sabía qué más hacer.
Entre tanto, la cacica general, Silvia Carrera, dijo que lo que ocurrió con sus hermanos indígenas venía ya planeado, ya que al ministro se le explicó que restablecieran el servicio de telefonía móvil, ya que era el único medio para informarles a las bases que se apostaron en diferentes puntos sobre la posible negociación. La provincia de Bocas del Toro continuaba sitiada hasta ayer en horas de la tarde.
Empresarios se oponen a artículo.
Transcurridas tres horas de reunión en la Presidencia, los empresarios apoyaron la negación del Gobierno de no adherir dentro del acuerdo con los indígenas el Artículo 5 de la Ley 8 de 2011, que establece cancelar todas las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales y extranjeras, para la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la Comarca Ngäbe-Buglé y áreas anexas. Los empresarios consideran que prohibir las hidroeléctricas es hacerle un daño al país, por lo que respaldan al Gobierno en su decisión.
