El hacinamiento de más de 600 internos en la cárcel de La Chorrera, la mala alimentación y el retraso en los procesos judiciales fue denunciado por Javier Justiniani, de la Fundación para el Apoyo al Detenido.
Según Justiniani, la alimentación es pésima, lo que atribuyó a la visión que mantiene el concesionario de no ver esta labor como una función social, sino como un negocio.
Mencionó que está en desacuerdo con la medida de contratar una empresa salvadoreña para que suministre alimentos en las cárceles del país, pues se debería llamar a una nueva licitación pública con empresas locales serias.
Agregó que problemas como éstos han influido en las últimas reyertas, suscitadas por la desesperación y falta de respuestas.
