Solicitan reservar detalles sobre la forma en que fue asesinada niña de La Chorrera
Solicitaron la pena máxima para el sindicado, que por este delito sería de 30 años de prisión. Se esperan los resultados de la necropsia de la niña de 6 años para determinar las causas de su muerte.
Los padres de la menor asesinada solicitaron que la audiencia fuera a puertas cerradas. Eric Montenegro
La juez de garantías Yorlenis Saavedra imputó cargos de femicidio a un hombre de 23 años, principal acusado del asesinato de la niña Cristani Grand, un delito por el cual podría enfrentar pena de entre 25 y 30 años de cárcel.
Durante la audiencia, se legalizó el allanamiento excepcional realizado por la sección de Atención Primaria del Ministerio Público en Panamá Oeste, además de la aprehensión del sindicado y se dictó una medida cautelar de detención provisional.
Dos horas antes de iniciarse la audiencia, la cual estaba programada para las 10:00 a.m., agentes de la Policía Nacional trasladaron al supuesto homicida, esposado de manos y pies y con una capucha cubriéndole la cabeza.
A la audiencia también concurrieron los padres de la niña Cristani Grand, quienes solicitaron no permitir el ingreso de los medios de comunicación.
La parte acusadora por parte de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio estuvo a cargo de las fiscales Nallelys Gill y Sherley Barría.
La fiscal Gill indicó que se está en espera de los resultados de la necropsia y análisis del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Laboratorio de Análisis Molecular y patólogos para confirmar las causas de la muerte.
La fiscal Gill no confirmó el hallazgo del arma homicida, aunque detalló que se han recabado algunos indicios que están siendo analizados.
A su vez, la fiscal de homicidio Sherly Barría explicó que el delito de femicidio estaba debidamente acreditado, tal como lo establece la Ley 82 de 2013, que lo tipifica.
Por su parte, los padres de la niña asesinada, David Grand e Ivonne Batista Meléndez, solicitaron la pena máxima para el asesino, al tiempo que rechazaron la posibilidad de llegar a un acuerdo de pena.
Batista dijo que durante la audiencia se presentaron pruebas suficientes que vinculan al homicida de su hija, entre ellas, un martillo con cabello y rastros de sangre en sábanas y dentro de la casa.
David e Ivonne también criticaron la medida de seguridad solicitada por Loriel Espino, defensa particular del imputado.
La solicitud de la defensa se basa en las supuestas amenazas en contra del presunto homicida.
Por otro lado, la decisión de la juez de garantías de realizar la audiencia a puertas cerradas fue criticada por Nidia Martínez, directora de Derechos Humanos del Instituto de la Mujer.
Martínez indicó que parte de la tarea del instituto es velar porque se cumplan con todas las garantías del derecho procesal en favor de las víctimas de femicidio, al igual que sus familias.
La representante del Instituto de la Mujer pidió que se mantengan en reserva aquellos detalles sobre la forma como fue asesinada la menor.