P. Oeste. Pese a que la ley que regula el transporte colectivo y selectivo de pasajeros establece que los certificados de operación serán expedidos de forma gratuita en La Chorrera, para poder adquirir un cupo es necesario pagar entre B/. 4,000 a B/. 7,000.
La irregularidad fue denunciada por miembros del Sindicato Unión de Conductores de Taxi y Transporte Comerciales de La Chorrera, ante la Defensoría del Pueblo, quienes solicitaron que se inicien las investigaciones del caso.
En la denuncia que lleva la firma de los dirigentes de base Ormil Morales y Carlos Olmedo, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) expidió 160 nuevos certificados de operación de taxis para el distrito de La Chorrera, en el periodo comprendido entre el primero de enero al 31 de agosto de 2001.
Explica el documento que de estos certificados de operación, 40 fueron otorgados a conductores miembros del sindicato, en estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y en apego al listado de prelación, mientras que los restantes 120 cupos fueron vendidos a sus adjudicarios por sumas que oscilan entre los B/. 4,000 a B/. 7,000.
Esta operación, agrega la nota, constituye un acto de corrupción institucional que afecta gravemente a los taxistas, al saturar inescrupulosamente el mercado local y exponer al incumplimiento de las obligaciones financieras adquiridas, además obliga a los conductores de taxi a pagar elevadas sumas de dinero por un cupo.
También el documento hace énfasis en el mecanismo utilizado para la venta de los certificados. Explican que un promotor de venta, el cual funge como dirigente de la organización sindical concesionaria de los cupos, recluta a los aspirantes exigiendo la entrega del dinero por adelantado y en efectivo, de lo que no queda constancia alguna en recibos.
Los taxistas, en su nota, advierten a la Defensoría del Pueblo que la ATTT al expedir los certificados de operación ha violado la ley, que establece que todas las personas que no sean miembros de una organización sindical concesionaria, deberán solicitar que los incluya como aspirantes a un cupo.
Agregaron que los compradores de cupos recibieron la documentación sin inscribirse en los listados de prelación. Solicitan a la Defensoría que llame a declarar a estas personas que se beneficiaron con la expedición de los cupos.