La fiscal de la Nación de Perú, Gladys Echaíz, ordenó hoy reabrir una investigación sobre el supuesto uso de fondos públicos para financiar los estudios universitarios en Estados Unidos de la congresista Keiko Fujimori y sus hermanos.
En una rueda de prensa, Keiko Fujimori confirmó la reapertura del caso y denunció que la investigación es parte de un "complot" y "un trabajo coordinado en el cual también está participando la fiscal de la Nación" debido a que el fujimorismo "está en primer lugar en las encuestas" de intención de voto.
Comentó que le parece "absolutamente ridículo" que después de archivarse diversas investigaciones sobre la presunta financiación ilícita de sus estudios y que después de diez años se incluya ahora en una nueva investigación a sus hermanos Hiro, Sachi y Kenyi.
"La política soy yo, métanse conmigo, no con mis hermanos", acotó Keiko Fujimori, inminente candidata presidencial por Fuerza 2011 y primera en las encuestas de intención de voto para los comicios del próximo año.
La legisladora reiteró que sus estudios universitarios y los de sus hermanos se financiaron con unos 350.000 dólares de los activos y bienes que tenían sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi, y de la venta de una propiedad de su padre, tras su divorcio, por 660.000 dólares.
Estos dos montos suman más de un millón de dólares, dinero que fue "más que suficiente para pagar mis estudios y de mis hermanos", aseveró Keiko Fujimori.
La legisladora de Alianza por el Futuro indicó que conversará en los próximos días con sus abogados sobre si está dispuesta a someterse a la nueva investigación.
En cuanto a sus hermanos, la legisladora señaló que desconoce la decisión que adoptarán ellos, al recordar que Hiro y Sachi se encuentran, respectivamente, en Japón y Alemania, mientras que Kenyi radica en Perú.
En 2001 la Fiscalía dispuso investigar a Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito y el pago de los estudios de sus cuatro hijos con fondos públicos.
Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por la matanza de 25 personas y dos secuestros cometidos durante su régimen y además fue condenado por cuatro casos de corrupción, pero en Perú solo se cumple la condena más alta.
