Los bolivianos que huyeron a Brasil tras el conflicto violento de Pando (norte) no regresarán a su país, a pesar de la suspensión del estado de sitio en ese departamento, porque "no se garantiza su seguridad", aseguró hoy el senador opositor Roger Pinto.
En declaraciones a Efe, el senador por Cobija (capital de Pando) del bloque opositor Poder Democrático y Social (Podemos) sostuvo que, a pesar de haberse levantado el estado de sitio, "se sigue persiguiendo" a ciudadanos.
El Gobierno de Bolivia levantó este domingo el estado de sitio en esta región amazónica, si bien ha incrementado la presencia de efectivos militares y policiales para dar plenas "garantías de seguridad" a la ciudadanía.
Pinto denunció que en la ciudad fronteriza de Brasilea, en el estado brasileño de Acre, hay más de mil bolivianos que huyeron tras los violentos disturbios de septiembre que "no piensan volver por temor".
Según el senador opositor, los refugiados que viven gracias a la solidaridad de los ciudadanos brasileños solo regresarán si el Gobierno les da garantías de que pueden hacerlo "sin persecuciones y hostigamientos".
"Tienen miedo. Muchos han pedido asilo a Brasil por temor a sufrir una detención injustificada. A algunos incluso les han destrozado sus casas", señaló Pinto, quien pidió al Ejecutivo boliviano dar una "respuesta al país y al mundo" en este sentido.
En declaraciones a Radio Patria Nueva, el cónsul de Bolivia en Brasilea, Luis Méndez, cifró hoy entre 200 y 250 las personas desplazadas, si bien señaló que es difícil determinar este número por las facilidades que tienen los ciudadanos para entrar y salir del país.
Para el diputado del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva, con la retirada del estado de sitio los refugiados en Brasilea "deberían volver a sus actividades cotidianas".
Silva insistió en que ya no existen restricciones en la región, aunque reconoció, en entrevista a la televisión ATB, que entiende que habrá personas que se queden en Brasil voluntariamente y otras que vuelvan a Cobija.
El Gobierno de Evo Morales decretó el estado de sitio en la región de Pando a mediados de septiembre pasado, para poner fin a una ola de violencia que causó la muerte de alrededor de 20 personas, la mayoría campesinos seguidores del mandatario.
El Ejecutivo responsabilizó de la matanza al ex prefecto de Pando, el opositor y autonomista Leopoldo Fernández, quien continúa detenido en una cárcel de La Paz.
La "comisión de la verdad" enviada por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y coordinada por el argentino Rodolfo Mattarollo adelantó esta semana en Buenos Aires parte de lo que será su informe, en el que se califica lo ocurrido como "masacre" de campesinos.
Mattarollo tiene previsto presentar mañana este informe a la presidenta pro témpore de Unasur, la mandataria chilena, Michelle Bachelet.
Asimismo, decenas de personas fueron confinadas en los últimos dos meses en la ciudad de La Paz, de las cuales 16 han regresado a sus ciudades de origen en Pando, confirmó hoy el diputado Silva.
Las demás personas que continúan detenidas serán puestas "a consideración del juez competente para que les asignen las medidas cautelares", indicó.
Por su parte, Pinto denunció que estas personas están detenidas desde el viernes "como delincuentes" y sin conocer los motivos de su aprehensión y acusó al Gobierno de "sembrar el miedo y la zozobra" con este tipo de medidas.
El senador opositor también se mostró "preocupado" por el informe preliminar que presentó la comisión investigadora de Unasur en Buenos Aires, al que tachó de "sesgado y parcial" y de no dar "la mínima garantía al pueblo boliviano de conocer la verdad".
