La declaración de bancarrota está aún pendiente de la autorización judicial, algo que se complicó el viernes después de que una jueza de Michigan ordenara a la ciudad que retire su solicitud de quiebra por considerar que reduciría pensiones que están protegidas por ley y que viola la Constitución estatal. El fiscal general de Michigan, Bill Schuette, ha presentado una apelación a esa decisión y confía en que el proceso se acelere para conseguir lo antes posible la autorización judicial.
Bing apuntó que “la Constitución federal está por encima de la estatal” y subrayó que no dejará “que los abogados dicten qué va a pasar con la ciudad y con su recuperación”. Por su parte, Orr defendió que la ciudad se vio “obligada a solicitar la quiebra” tras años de “miopía” en la gestión de sus finanzas.
