La Procuraduría de Colombia sancionó hoy con 18 años de inhabilitación por colaboración con la guerrilla de las FARC a la senadora Piedad Córdoba, que de inmediato proclamó su inocencia, mientras su abogado anunció que recurrirá esa decisión.
En un comunicado, la Procuraduría (Ministerio Público), encargada del control disciplinario de los funcionarios públicos, informó de su decisión de destituir e inhabilitar por 18 años a Córdoba "por haber promocionado y colaborado" con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La senadora, del Partido Liberal y con cuya mediación ante las FARC se logró en los últimos años la liberación de 12 personas que esa guerrilla tenía cautivas, respondió de inmediato a través de Twitter que es "inocente" y que está reunida con sus abogados para preparar su defensa.
"Buenas tardes amig@s, en este momento estoy reunida con mis abogados sobre decisión del #Procurador, Tranquil@s q #PiedadInocente", escribió la legisladora en Twitter.
Córdoba, quien regresó hoy de Caracas, no quiso hacer declaraciones a los periodistas a su llegada al aeropuerto Eldorado de Bogotá, de donde salió por una puerta lateral, según los medios locales.
Según esos mismos medios, varias personas que estaban en el aeropuerto le gritaron "vende patria" a la senadora.
La investigación de la Procuraduría se inició a partir de los documentos hallados en los computadores del ex portavoz internacional de las FARC Luis Edgar Devia, "Raúl Reyes", abatido en un bombardeo del Ejército colombiano en Ecuador el 1 de marzo de 2008.
Tras cruzar información con organismos como la Corte Suprema, la Fiscalía, la Interpol y la Policía Judicial, la Procuraduría estableció "con certeza" que la senadora aconsejó a las FARC no enviar vídeos de personas secuestradas, pero sí grabaciones de voz, "con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos".
Constató también que "instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a Gobiernos de otros países", aunque la Procuraduría no menciona cuáles.
Asimismo, según la Procuradoría, la política "efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo".
En una rueda de prensa posterior al anuncio del Ministerio Público, el procurador general, Alejandro Ordóñez, explicó que le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigue la presunta responsabilidad de Córdoba en delitos de lesa humanidad cometidos por las FARC.
El abogado de la senadora, Ciro Quiroz, anunció por su parte que recurrirá la sanción, de la que dijo que no tiene "precedentes" y que fue impuesta "con sevicia".
"Es una sanción sin precedentes en la historia de Colombia y se nota cierta sevicia del operador judicial, como quiera que la senadora le tiene denuncias también al señor procurador", manifestó Quiroz.
Adelantó que "hará uso de los recursos respectivos" para "impugnar" la providencia emitida por la Procuraduría contra su defendida.
Mientras, políticos y ex rehenes liberados gracias a las gestiones de Córdoba, como el ex senador Luis Eladio Pérez, criticaron la decisión de la Procuraduría, al considerar que se trata de una "persecución".
"No estoy de acuerdo con que silencien a Piedad Córdoba", afirmó en Twitter Gustavo Petro, ex senador y ex candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda).
El defensor de derechos humanos Iván Cepeda, miembro del grupo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), liderado por Córdoba, indicó que ese colectivo se va a oponer, "mediante las vías legales", a la sanción contra la senadora.
"Estoy seguro de que la senadora saldrá airosa de esta persecución por parte de la Procuraduría", subrayó Cepeda.
Piedad Córdoba, una polémica senadora entre odios y pasiones
La colombiana Piedad Córdoba, quien hoy fue inhabilitada por "colaborar" con las FARC, es una polémica senadora que ha mediado con la guerrilla para lograr la liberación de secuestrados y llegó a ser candidata al Nobel de la Paz en medio de los amores y odios que despierta en su país.
La última vino hoy por parte de la Procuraduría General, que determinó que la parlamentaria del Partido Liberal ha "promocionado y colaborado" con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras analizar los computadores que se incautaron al ex portavoz internacional de la guerrilla, "Raúl Reyes", tras su muerte en 2008.
De acuerdo a la Procuraduría, Córdoba usaba los alias de "Teodora", "Teodora de Bolívar", "la Negra" y "la Negrita" en sus comunicaciones con las FARC.
No es la primera vez que la congresista se ubica en el ojo del huracán pues siempre desata emociones encontradas entre quienes apoyan sus gestiones ante la guerrilla y los que la critican y expresan contra ella odios viscerales.
Esta mulata, reconocida por sus coloridos y llamativos turbantes africanos, fue la artífice de las primeras liberaciones de parlamentarios, ex parlamentarios y uniformados en poder de las FARC.
Y es que la guerrilla la convirtió en su interlocutora ante las familias de los secuestrados y los organismos humanitarios, y fue a ella a quien entregó las coordenadas para viajar a lugares recónditos de las selvas colombianas para recibir a los liberados.
En esas misiones, gracias a las que doce secuestrados volvieron a la libertad, al lado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), nunca le importó ser considerada como traidora o guerrillera.
Por esa labor recibió críticas sobre su cercanía con el presidente venezolano, Hugo Chávez, quien también medió ante los rehenes de las FARC a petición del entonces gobernante colombiano Álvaro Uribe.
Para facilitar esa tarea, la congresista creó, con un grupo de intelectuales y activistas, la organización no gubernamental (ONG) Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), a la que se fueron sumando varios de los rehenes de las FARC que fueron liberados gracias a su mediación.
Fue por esa mediación que su nombre estuvo entre los nominados para el Premio Nobel de la Paz en 2009.
Diez años atrás, en mayo de 1999, fue secuestrada durante varias semanas por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la ultraderecha armada.
Piedad Esneda Córdoba Ruiz, divorciada y madre de cuatro hijos, nació en Medellín en 1955 y estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana.
Su padre, el afrodescendiente Zabulón Córdoba, era oriundo del empobrecido departamento del Chocó, y su madre, Lía Ruiz, pertenece a la blanca raza de Antioquia, territorio del noroeste.
Córdoba inició su carrera política en 1986 como funcionaria de la Contraloría y secretaria privada del alcalde de Medellín, dos años más tarde fue elegida concejal y en 1990 llegó a la Cámara de Representantes, desde donde pasó en 1994 al Senado.
Reelegida durante cinco legislaturas, ha fundamentado en la cámara alta su lucha a favor de las minorías étnicas, los homosexuales, el aborto, por la paz y contra el paramilitarismo.
En marzo de 2007, durante un foro en México, que acogió a miembros de las FARC, la Organización para la Liberación Palestina (OLP) y ETA, manifestó que "los gobiernos progresistas" de América Latina debían romper relaciones diplomáticas con Colombia.
Hace dos semanas volvió a la carga cuando dijo ante el Parlamento Europeo que "Colombia es una fosa común" e instó a la necesidad de una "intervención internacional para condenar los crímenes cometidos" para sortear así la impunidad.
Con esto quiso presionar al nuevo Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, de quien busca autorice un "diálogo político como vía para resolver el conflicto colombiano y poner fin a las violaciones de los derechos humanos" en Colombia.
La semana pasada y tras la muerte en un bombardeo del jefe militar de las FARC, Víctor Julio Suárez Rojas, alias "Mono Jojoy", insistió en la urgencia de entablar un diálogo político por la reconciliación nacional.
