El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió hoy de que no se podrá hacer seguimientos a nadie en el país por su filiación política o por pertenecer a organizaciones no gubernamentales y anunció que se depurarán las bases de datos de inteligencia.
"Quiero que quede muy claro: en Colombia a nadie se le podrá hacer seguimiento por motivo de su filiación política o su participación en organizaciones no gubernamentales", dijo Santos al presentar ante el Congreso un proyecto de ley de inteligencia.
Este proyecto incluye la creación de una comisión independiente presidida por el Procurador General para depurar las bases de datos de inteligencia.
Santos precisó que este proyecto, en su esencia, busca crear un marco jurídico integral que oriente, regule y limite la actividad de inteligencia y, remarcó que el gran propósito es proteger a todos los sectores de la sociedad.
La iniciativa propone criterios para excluir de los archivos de inteligencia a cualquier ciudadano que esté allí por pertenecer a un sindicato, a una organización de derechos humanos o a un partido político.
El gobernante aludía al escándalo de las interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos ilegales de agentes del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) a jueces, políticos, funcionarios gubernamentales, miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Durante los dos gobiernos del anterior mandatario del país, Álvaro Uribe (2002-2010), la Presidencia negó sistemáticamente ese espionaje ilegal, que habrían comenzado en 2004.
El escándalo "de las chuzadas", como se conoce en Colombia, estalló hace dos años y por el mismo decenas de funcionarios del DAS, entidad que depende de la Presidencia de la República, están actualmente detenidos y a la espera de ser juzgados.
En el proceso de investigaciones por el espionaje ilegal han sido condenados de manera disciplinaria algunos autores materiales, altos exfuncionarios del DAS, a los que se les ha inhabilitado hasta por 18 años.
Entre éstos funcionarios figuran el exjefe de contrainteligencia, Jorge Alberto Lagos León, condenado a 12 años de prisión pero sólo va a pagar ocho porque se acogió a una sentencia de carácter anticipado.
Por su parte, el ex director de Inteligencia, Fernando Tabares, fue condenado a 12 años, pero pagará una pena similar a la de Lagos León por la misma razón.
Santos insistió al presentar la iniciativa que se debe garantizar la protección de la información de inteligencia, es decir, la reserva, para que ni se ponga en riesgo la seguridad nacional por filtraciones, ni se ponga el riesgo el derecho a la intimidad, haciendo pública esa información.
Además del proyecto de inteligencia, Santos puso a consideración del Legislativo diez iniciativas mas, entre ellas modificaciones al régimen municipal y departamental, uno más sobre derechos de autor, y uno más para hacer mas funcional la tarea de los jueces de paz o de conciliación.
