La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, se mostró hoy satisfecha por la aprobación este martes de la Ley de Reforma a la Seguridad Pública, que abarca a la Policía Nacional.
"Estamos satisfechos porque con la nueva ley se podrá hacer una limpieza y mejorar los servicios de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el poder judicial", indicó a Efe Castellanos, una de las impulsoras de la iniciativa aprobada anoche por el legislativo hondureño.
La intervención de los órganos responsables de la seguridad en Honduras estará a cargo de una Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, de carácter temporal e independiente, que estará compuesta por cinco miembros, tres hondureños y dos extranjeros.
Castellanos recalcó que con la ley se hará una revisión y saneamiento de la Policía Nacional, y que además se evitarán los abusos de fiscales y jueces.
La Unah y otros grupos de la sociedad civil, lo mismo que comisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, han sido los promotores de la Ley de Reforma a la Seguridad Pública.
La iniciativa cobró fuerza debido a las múltiples denuncias de corrupción y otros delitos como homicidios, narcotráfico, extorsión y robo de vehículos en los que se han visto implicados agentes y oficiales de la Policía Nacional, aunque esas prácticas son de vieja data en la institución, según denuncias de la prensa local.
Uno de los crímenes que más repulsa causó en el país fue el perpetrado contra dos estudiantes universitarios el 22 de octubre de 2011, uno de ellos hijo de la rectora de la Unah, en el que están implicados siete agentes de la Policía Nacional y un suboficial.
El secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, también dijo hoy a los periodistas que le complace la decisión del Parlamento de aprobar la Ley de Reforma a la Seguridad Pública y señaló que en el futuro cercano los hondureños podrán sentirse "orgullosos" de su Policía.
La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública tendrá la responsabilidad de diseñar, planificar y vigilar la transformación completa de los organismos responsables de la seguridad pública: el Ministerio Público, el poder judicial y la Policía Nacional.
Las tres instituciones son blanco de críticas con frecuencia y en algunos casos sus funcionarios se acusan mutuamente por deficiencias y errores de procedimiento en casos de delitos como narcotráfico y crímenes, entre otros, muchos de ellos ventilados en los medios de comunicación.
El martes, el presidente del Parlamento, Juan Orlando Hernández, dijo que la nueva ley no es para sustituir a la Policía, sino para mejorarla, y que los buenos agentes y oficiales no tendrán problema, sino que más bien se les reconocerán sus buenas acciones.
La nueva ley permitirá investigar toda la estructura de la Policía Nacional, lo mismo que la procedencia del patrimonio de sus miembros y de sus familiares más cercanos en los últimos diez años.
Los capitales, muebles e inmuebles que posean los miembros de la Policía Nacional serán comparados con los salarios devengados, según la nueva ley.
La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, que no podrán integrar personas que hayan sido militares o policías, también apoyará a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, que recién fue creada, en materia técnica, científica y financiera.
Además, trabajará de manera coordinada con las alcaldías municipales, lo que supone la desconcentración policial.
