Las tácticas legales utilizadas por los abogados del expresidente de Guatemala Alfonso Portillo (2000-2004) y dos de sus exministros retrasaron hoy el inicio del juicio en su contra por una millonaria malversación de fondos.
El exgobernante y los exministros Eduardo Arévalo (Defensa) y Manuel Maza (Finanzas) son procesados por la malversación de 120 millones de quetzales (15 millones de dólares) del erario nacional guatemalteco.
El abogado Telésforo Guerra, quien dirige el grupo de defensores de Portillo, planteó una recusación para evitar que la presidenta del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, Morelia Ríos, conozca el caso alegando dudas respecto a su imparcialidad.
Guerra argumentó que Ríos ya conoció la causa en contra del exmandatario en 2010, cuando era jueza del Tribunal Quinto de Sentencia, que en marzo de ese año aprobó la extradición de Portillo solicitada por los Estados Unidos bajo la acusación de conspiración para el lavado de dinero por un monto de 70 millones de dólares.
El defensor de Portillo dijo que el haber conocido el caso el año pasado les "hace dudar" de la imparcialidad de la jueza, y añadió que "es demasiado sospechoso que la Corte Suprema le haya dado a la misma juzgadora la causa para su debate oral y público".
Aunque la misma magistrada no admitió ese recurso, otras dos acciones presentadas por los defensores de los exministros de Defensa Eduardo Arévalo y de Finanzas Manuel Maza, que también son procesados por el mismo caso, lograron retrasar el inicio del juicio por tiempo indefinido.
La defensa de Maza pidió la excarcelación de su cliente y que se le dicte un arresto domiciliario, mientras que la de Arévalo solicitó una rebaja de la fianza, fijada en 4 millones de quetzales (500.000 dólares), porque el exministro no puede pagar esa suma para salir de prisión.
Luego de varias horas de deliberación, Ríos anunció que el tribunal decidió modificar las medidas judiciales y dejar en arresto domiciliario a los dos exministros.
Sin embargo, aclaró que el juicio contra los exaltos cargos, incluido Portillo, aún no se puede iniciar debido a que está pendiente de resolver peticiones del Ministerio Público (MP) que actúa como acusador en el proceso.
El MP, dijo, pidió que se embargue una propiedad de Arévalo y también el millón de quetzales (120.000 dólares) que Portillo pagó como fianza en octubre de 2008 para quedar en libertad luego de haber sido extraditado de México.
La jueza, empero, no aclaró si esas peticiones serán resueltas hoy mismo y tampoco precisó cuando podría dar inicio el juicio.
El abogado de Portillo, Telésforo Guerra, explicó a Efe que la táctica de los defensores es retrasar la apertura del juicio, que en su opinión, será aplazado "por al menos 15 días".
El jurista dijo que falta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva un amparo en contra de la extradición de Portillo que autorizó en marzo de 2010 el Tribunal Quinto de Sentencia, que entonces era presidido por Ríos.
"Ya llevan tres meses y no han resuelto nada. Cuando la Corte nos resuelva ese amparo, entonces estamos dispuestos a entrarle al debate oral y público", explicó.
Por su parte, Portillo, quien vestía un traje negro y camisa azul a cuadros, tras esperar durante varias horas las deliberaciones de los jueces, expresó su esperanza en el proceso judicial.
"Esperamos que nos ampare la ley y que sean las pruebas las que hablen", dijo.
"Yo tengo fe y vamos a seguir luchando", agregó el expresidente, al tiempo que reiteró que es inocente.
La defensa de Portillo sostiene que el exgobernante no puede ser juzgado por ese delito debido a que durante su administración no manejó recursos del Estado.
Portillo fue capturado en enero de 2010 en las costas del Caribe de Guatemala a petición de los Estados Unidos, que lo reclama en extradición acusado de conspiración para el lavado de dinero por valor de unos 70 millones de dólares.
Las autoridades judiciales ya aprobaron su extradición, pero antes el expresidente debe responder en su país por la acusación de peculado, por el que fue extraditado de México en octubre de 2008.
La extradición a los Estados Unidos debe ser firmada, en última instancia, por el presidente de Guatemala.
