Dirigentes políticos, defensores de derechos humanos y organismos civiles críticos con el Gobierno de Nicaragua consideraron hoy que el presidente Daniel Ortega no tuvo más "remedio" que respetar el derecho de la oposición a manifestarse libremente el sábado pasado para no pagar un costo político mayor.
Miles de personas afiliadas a 18 organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de oposición marcharon pacíficamente en Managua para expresar su rechazo a las pretensiones de Ortega de presentarse como candidato para un nuevo mandato presidencial en los comicios generales de noviembre de 2011.
Otros miles de nicaragüenses se concentraron ese mismo día a favor del gobernante sandinista en esta capital, aunque con horas de diferencia.
La coincidencia de ambas manifestaciones había generado preocupación en el país y diversos sectores sociales habían advertido del riesgo de que hubiera enfrentamientos.
"Ortega tuvo un rapto de lucidez, de racionalidad, como para comprender que si mantenía la marcha de sus seguidores a la misma hora y en la misma calle, lo que iba a ocurrir era una verdadera tragedia y el costo político lo iba a tener que pagar su Gobierno", señaló a periodistas el diputado disidente sandinista Hugo Torres.
"No le quedó de otra (a Ortega). Vio que la presión de los distintos actores políticos, sociales, gremiales, empresariales y religiosos se juntaron en el tiempo y significaba una firme decisión de marchar, costara lo que costara", razonó Torres, general retirado.
"El Gobierno tuvo que haber hecho sus cálculos y no pudo impulsar lo que sus agitadores anunciaban", dijo, por su lado, la presidenta del no gubernamental Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
"El presidente Ortega, debido a la presión internacional y a la presión interna, fue prudente en no instar a la violencia", indicó, por su lado, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.
Mientras, el vicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales Carazo, dijo que lo "más positivo" de las manifestaciones del sábado pasado es que se aprendió "la gran lección de que podemos vivir en paz y que la violencia no es el sistema que pretenden entronizar algunas personas con poca responsabilidad".
"Que quede claro que las calles no tienen dueño, son para todos los nicaragüenses", aseguró.
Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, "fue un buen día para Nicaragua, porque prevaleció el civismo".
"En Nicaragua habrá un antes y un después del 21 de noviembre", comentó, por su lado, Azalea Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), crítico con el Ejecutivo.
El secretario de relaciones internacionales del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Jacinto Suárez, resaltó que no hubo enfrentamientos durante las manifestaciones.
La Policía reportó un muerto y 19 heridos en enfrentamientos entre grupos de ambas facciones registrados en varias carreteras en el interior de Nicaragua, horas después de las marchas.
El pasado 19 de octubre, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia adoptó una sentencia que allana el camino para la reelección de Ortega, decisión adoptada de forma expedita por seis jueces sandinistas, tras sustituir a tres magistrados opositores con suplentes afines al mandatario.
Pese a las críticas contra ese fallo, el presidente Ortega ha dicho que esta sentencia, que declaró inaplicable un artículo constitucional que impide la reelección continua de un presidente, "está escrita en piedra y es inapelable".
