Un tribunal de Argentina resolvió hoy separar de un juicio oral por delitos de lesa humanidad al represor Antonio Bussi por su debilitada salud, informaron fuentes judiciales.
El Centro de Información Judicial indicó que el tribunal tomó esta decisión tras conocer un informe del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que aconsejó que Bussi, de 84 años, permaneciera ingresado en un hospital.
El Tribunal Oral Federal de la norteña provincia de Tucumán sometía desde el pasado 16 de febrero a Antonio Domingo Bussi y a otros represores a un juicio oral por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).
Según los peritos médicos que examinaron a Bussi, "su estado de salud le impide participar en las audiencias del actual proceso oral y público".
El cuerpo médico forense recomendó que "el paciente debe permanecer internado" en un hospital.
Es por eso, que el tribunal oral resolvió "suspender, respecto del imputado Antonio Domingo Bussi, el trámite de la presente causa hasta tanto se encuentre en condiciones de afrontar el juicio oral y público, debiendo continuar para los demás imputados".
Otro de los imputados en este juicio, Alberto Luis Cattáneo, también fue revisado por los médicos forenses por problemas de salud, pero en este caso el tribunal oral dispuso que continúe en el juicio con el sistema de videoconferencia.
El juicio está suspendido desde el pasado día 17, cuando Bussi debió ser ingresado en un hospital de Tucumán.
Una semana después, los jueces habían autorizado el traslado del ex comandante a su domicilio para prestar declaración en el debate a través de un sistema de videoconferencias, pero el domingo pasado Bussi debió ser internado nuevamente.
Además de Bussi y Cattáneo también están imputados Luciano Benjamín Menéndez, Roberto Heberto Albornoz, Carlos Esteban De Cándido, Armando Luis De Cándido y María Elena Guerra.
En 2008 Bussi fue condenado a cadena perpetua por el secuestro, las torturas y la desaparición en 1976 del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse durante la última dictadura.
Se trató de la primera condena por delitos de lesa humanidad que recibió el ex general, gobernador de la provincia de Tucumán, durante el Gobierno de facto y en democracia (1995-1999).
