- 11 denuncias ha recibido la Corte Suprema contra Ricardo Martinelli.
- Salerno fue investigado por supuesta posesión de explosivos, Un tecnicismo legal hizo que se archivara la denuncia.
Como una táctica para desviar la atención de los problemas que enfrenta el país, calificó el expresidente Ricardo Martinelli las acusaciones que en su contra hiciera el empresario Cristóbal Salerno por el caso de Cobranzas del Istmo, S.A.
“A mí pronto me acusarán por el mal tiempo. Los fiscales están dando prebendas y coaccionando a testigos para testificar contra mí. Justicia?”, escribió en su cuenta de Twitter el exmandatario.
Salerno rindió declaración jurada por dos días ante la fiscal cuarta anticorrupción, Ruth Morcillo, quien dictó medida cautelar de casa por cárcel en su contra por su vínculo con Cobranzas del Istmo.
A esta empresa, que brindó el servicio de cobro de cuentas morosas en la administración anterior, se le investiga por el presunto delito contra la fe pública.
Salerno, sin presentar pruebas y ofreciendo solamente su testimonio, dijo que le entregó a Martinelli, cada dos o tres meses, maletines con efectivo de 400 mil a 600 mil dólares.
Martinelli manifestó que es “totalmente falso” que el empresario le entregara dichos maletines con dinero, como declaró en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción en el día de ayer y destacó que Salerno por salvarse él y a su hija, coaccionado por el Gobierno, dice lo que sea.
“Nunca he recibido participación alguna en ningún negocio de cobros al Estado, máquinas fiscales, pero en Panamá todos han hecho negocio con él”, planteó.
Por este caso también involucró al exministro de Economía Frank De Lima y al exdirector de Ingresos Luis Cucalón.
El abogado de De Lima, Eduardo Sequeira, negó la acusación, en tanto que Cucalón fue citado para el lunes en la fiscalía.
El vocero del exmandatario, Luis Eduardo Camacho, cuestionó que antes de que Salerno declarara en el Ministerio Público, ya se sabía en los medios de comunicación lo que iba a decir.
“El problema no son los medios, sino las autoridades que violan un principio legal que es la reserva del sumario, filtrando lo que supuestamente ha declarado el señor Salerno”, expresó.
Camacho indicó que esta nueva acusación sale para “tapar” la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de no investigar al magistrado del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, por los casos de nepotismo que aceptó.
Por su parte, el abogado Ángel Álvarez, a través de su cuenta de Twitter, comparó la acusación que hizo Salerno con la que realizó Vicente Caballero Zamorano contra el magistrado Víctor Benavides.
Álvarez advirtió que en la denuncia de Caballero Zamorano, este señala los montos, banco y fecha en que realizó los depósitos que le hacía a Benavides, sin embargo, su credibilidad fue puesta en duda.
Mientras, en el señalamiento de Salerno en que involucra al expresidente no existe registro de nada y sí tiene credibilidad.
Por su parte, la subsecretaria general de Cambio Democrático, Alma Cortés, se hizo eco de un Twitter.
En el mensaje se menciona que Juan Carlos Varela ha arreciado su persecución política contra Martinelli, luego de que cayera su popularidad, según una encuesta de reciente divulgación.
La medida de casa por cárcel aplicada al empresario vuelve a generar el debate sobre la supuesta justicia selectiva que está ejecutando el Ministerio Público.
El pasado lunes, el exalcalde Bosco Ricardo Vallarino recibió una medida cautelar similar, a pesar de que aceptó en un medio de comunicación haber recibido 6,000 dólares de parte de un empresario, en un aparente caso de soborno.
Ante esto, juristas plantean que ha quedado en evidencia la selectividad del sistema de justicia panameño, pues en otros casos se hubiera ordenado su conducción a cárceles del país.
Este es el caso del abogado Armando Fuentes, defensa del exsecretario de Seguridad Gustavo Pérez, quien señaló que al acusarse de pinchazos telefónicos no aplicaba la detención preventiva, porque el Código Judicial establece que esta medida solo cabe en delitos donde la pena más baja es cuatro años.
“Si se está investigando por un delito con pena de dos a cuatro años, no debiera, y jurídicamente no cabe la detención preventiva; sin embargo, ahora vemos que se aplica y hace esa interpretación”, cuestionó.
“Lo que es bueno para uno debe ser bueno para todos; si la ley establece que no cabe una detención preventiva para Bosco Vallarino, entonces tampoco cabe para Gustavo Pérez”, acotó.
El propio secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez, reconoció que en el caso de los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional (Gustavo Pérez y Alejandro Garuz) no cabía la detención preventiva.
En tanto, el abogado Dimas Guevara afirma que en la medida en que sea aplicada la ley igualitaria para todos, se tendrá un buen resultado, tanto para la fiscalía como para los acusados.
“Lo que debe prevalecer es la igualdad para todas las investigaciones y para todas las partes, independientemente de la afiliación política y partidaria que existe. Es concentrarse en la objetividad del sistema panameño”, subrayó.
Según el expresidente del desaparecido partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), Fernando Cebamanos, existen panameñistas que no han sido llamados a las investigaciones.
Este es el caso del exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino.
“Hay una serie de personas que ni siquiera son investigadas; y todos, los cercanos al Gobierno se les ha dado una medida cautelar más suave”, sostuvo.
Favorecidos
Panameñistas involucrados en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público han sido beneficiados con medidas cautelares distintas a las aplicadas contra funcionarios del gobierno anterior.
Entre ellos podrían citarse a Marta Susana “Susy” de Varela, exministra de Desarrollo Social (Mides), quien mantiene una orden de impedimento de salida del país por favorecer supuestos sobrecostos de un contrato de comida deshidratada por el orden de los 45 millones de dólares, aprobado a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Caso similar aplica para Grimaldo Córdoba, exvocero de campaña del presidente Juan Carlos Varela, quien reconoció que no era médico.
Córdoba debe presentarse tres veces por semana en la Fiscalía Auxiliar para notificarse y mantiene una medida cautelar de país por cárcel.
También está la exviceministra de Economía Gladys Cedeño, que tiene casa por cárcel por el caso de la compra de granos por el PAN.
Nuevo caso en que se menciona a Ricardo Martinelli genera reacciones en las redes sociales
- @CristobalSilva3: Ni G. Tamburrelli ni R. Guardia implicaron a Martinelli en delito alguno. Consiguieron a Salerno para que lo hiciera. Arreglado?
- @virgilio1229: Pronto los delincuentes no necesitarán abogados defensores, solo les bastará con inculpar a R. Martinelli.
- @ReyFeurtado: Vuelvo y pregunto: ¿Cómo ciertos medios desde antes de la declaración de Salerno, ya sabían que iba a involucrar a Martinelli?
- @ChinaChenPTY: Por ningún lado se ve a Vallarino ni a Dulcidio De La Guardia, por qué será?
- @ConstanzadeMend: @rmartinelli es que ha bajado mucho en las encuestas nuestro señor presidente Varela. Es para distraer las masas y siempre usted tiene culpa.
