Al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, en entrevista televisada, se le escapó anticipar “que a más tardar en febrero -el problema del transporte- tendría una respuesta”. Al menos en cuanto a que se va a saber cuál es el rumbo, ya sea con Mi Bus o con un nuevo concesionario. Alemán se refería a la continuidad o no de la empresa en el negocio del transporte en la capital.
Mientras ese tiempo transcurre y Alemán daba luces del futuro en el transporte, los usuarios sufrían por segunda ocasión, en menos de seis meses, las consecuencias de un paro orquestado por los operadores del metrobús. Pedían el cumplimiento de las conquistas laborales, seguridad y el reintegro de unos 70 conductores.
Más adelante, Alemán, y después de aceptar de que “en el Gobierno hay conciencia de que no se puede seguir bajo los parámetros del actual contrato”, se contrajo y declaró que “no puede adelantar qué se ha conversado y qué no” en la mesa de negociación que lidera su homólogo el ministro de Gobierno, Milton Henríquez.
Las declaraciones de Alemán se acercan a las versiones de figuras ligadas a la negociación, de que el retiro de la empresa Mi Bus es inminente en febrero, con garantía de una indemnización por parte del Estado.
Desde septiembre, cuando el Ejecutivo acordó sentarse a negociar con la empresa para acabar con las quejas de los usuarios en el sistema de transporte, los avances de la conversación se manejan en completa reserva.
Deslices del ministro de Gobierno dan cuenta de que los negociadores se inclinan por un nuevo contrato con ellos (Mi Bus) o sin ellos, pero que “cuando haya algo que informar se hará”.
Mientras tanto, ¿en qué va a parar el problema del transporte? ¿Hasta dónde tendrán que seguir los usuarios expuestos a las huelgas de los operadores o al incumplimiento de la empresa? ¿Será hasta febrero que los usuarios tendrán que esperar?, eran algunas de las preguntas enviadas al ministro Henríquez. Al cuestionarlo, el Premier “cree que nadie sepa si eso será así o no”, en cuanto al tiempo de duración de la empresa en el país como responsable del transporte público.
Tampoco aclaró sobre la figura legal que utilizará el Estado para finiquitar el contrato vigente 21-10 de agosto de 2010. El documento presenta dos opciones: resolución o rescate administrativo.
Usuarios y abogados consultados por Panamá América indican que la empresa acumula suficientes méritos para que se descarte la posibilidad de una indemnización como se asoma entre los negociadores a través del rescate.
Lo que sí respondió el ministro Henríquez es sobre la ambición que tiene el Estado en materia de transporte. “Debe llevarnos a un sistema que ponga al usuario primero; que sea seguro, puntual, frecuente, cómodo; que lleve a las personas de su casa al trabajo o a la escuela, en no más de 30 minutos y con un pasaje que pueda pagar”, contó.
Agrega que debe ser una actividad multimodal con varios operadores, pero con un solo pasaje diario que mejore la calidad de vida de los habitantes.
El resto de los componentes de la negociación sigue bajo llave, entre los que asisten a las mesas.
Sin profundizar en el tema, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, prefiere que sea un acuerdo mutuo para evitar un arbitraje que se traduce en procesos largos, costosos y engorrosos.
El abogado Víctor Martínez y representante legal de los usuarios ve como un acto de cinismo que el Gobierno decida indemnizar a la empresa que tanta incertidumbre y malestar social ha causado en los últimos tres años.
Martínez ve como única explicación que desde el Ejecutivo se intente preservar la inversión de los empresarios panameños que integran el consorcio de Mi Bus.
De ese concepto se hizo eco el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), en que ahora se comprende el porqué el interés del Gobierno en cuidar del futuro legal que acordara con la empresa Mi Bus.
Según el contrato 21-10, el Consorcio de Transporte Masivo de Panamá está conformado por capital colombo panameño. Por Colombia la empresa Fanalca S.A. (70%) y Felgate Enterprises S.A. (30%) de capital panameño, y cuyo representante legal es Guillermo Henne Motta.
Esperanza Mena, de la Fundación para la Protección de los Usuarios, es más radical, “y en lugar de preservarle la inversión a la empresa”, remarca que son los usuarios quienes deberían recibir un subsidio de la empresa y el Estado. “Ambos son cómplices de que la calidad de vida por el desmejoramiento en el sistema de transporte se haya complicado”, comenta.
El abogado Ernesto Cedeño, conocedor del contrato 21-10, califica la intención de indemnizar a la empresa como una idea “descabellada y fuera de orden”. Cedeño fundamenta su concepto en el artículo 114 de la Ley de contrataciones públicas, que permite al Estado reconocer la inversión empresario, lo que “sería un beneficio para el contratista que se aplique el rescate administrativo, pues nunca perderá su inversión ni su ganancia proyectada en el tiempo”. El Estado gastó más de $100 millones en la modernización del transporte.
Representantes de usuarios esperan ser acreditados para pronunciarse
Antes de salir a pronunciarse con autoridad, los delegados de los usuarios escogidos por la Defensoría del Pueblo esperan que la entidad les entregue las resoluciones que los acrediten, como lo establece la ley de transporte. Para eso se preparan para el próximo 10 de diciembre, cuando la Defensoría realice el sorteo final.
El grupo de cuatro que resulte electo para representar a los usuarios ante la Junta Directiva de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se unirá al reclamo conjunto de la mayoría que pide mejoras en el sistema. Por otro lado, los operadores exigen mejoras laborales y reconocimiento de las conquistas laborales, en caso de que la empresa decida retirarse.
Preocupación en los usuarios (Kadir Sheffer Tuñón - Usuarios Panamá Oeste)
La crisis en el sistema de transporte a nivel
nacional y en especial el urbano, se agudiza cada día más; y es de suma preocupación para nosotros los recién electos representantes de los usuarios del transporte público, lo que se ha venido dando en las últimas semanas en este sistema de transporte y lo más lamentable es que la supuesta modernización ha representado tantos millones de dólares que hemos tenido y tendremos que pagar todos los panameños.
En el recién conflicto laboral que se mantiene entre los operadores sindicalizados y la prestataria Mi Bus, han causado un descontrol y el reciente paro que se ha dado fortalece la aguda crisis que se mantiene. Consideramos los representantes que son valederas las reclamaciones de los trabajadores, ya que al momento de iniciar la relación laboral, se adquieren derechos y obligaciones tanto de los trabajadores como de los empleadores, y al momento de que una de las partes infrinja lo pactado, se violan los derechos de una de las partes y debemos tener claro que existen mecanismos en la ley laboral vigente para hacerle frente, ya sea a la postura de la empresa o a las reclamaciones de los trabajadores; en este caso sindicalizados.
La reclamación del sindicato que se ajusta en derecho de los trabajadores, es válida, sin embargo, debemos señalar que no se trata de lograr sus reclamaciones y ceder la deficiencia y mal prestación de servicio que viene brindando la operadora Mi Bus. Consideramos que no se trata de una cosa por otra, la operadora debe ser consciente de las irregularidades en cuanto a la prestación del servicio “en frecuencia” en sectores críticos como 24 de Diciembre, Juan Díaz, Pedregal, entre otros, donde no hay calidad de vida para los usuarios que madrugan a diario y llegan a altas horas de la noche a sus hogares, y por ende disminuye día a día la calidad de vida de los usuarios. Debemos solicitar responsabilidad a la empresa -la cual cobra con anticipación el servicio que presta-. Que brinde el mantenimiento adecuado a la flota de buses, en los cuales cada día se nota su deterioro en la parte externa de las unidades.
- 6 horas duró el paro convocado por los operadores de Mi Bus.
