Claves
Tras ocho años de las primeras experiencias en la utilización del brazalete electrónico en Panamá, apenas 222 personas o 1.5% de la población penitenciaria ha estado bajo arresto con esta tecnología.
Las autoridades argumentaron, en aquel tiempo, que la implementación de estos equipos debía provocar una disminución de la población carcelaria.
Sin embargo, desde el año 2005, cuando se puso en marcha el programa piloto, la población de privados de libertad aumentó exponencialmente.
Ese aumento fue de 2,916 personas. En 2005 había 11 mil 571 reos, y en la actualidad, el Sistema Penitenciario calcula que la población asciende a 14,487.
Actualmente, el Departamento de Asistencia y Coordinación Penitenciaria del Ministerio Público tiene a 26 personas bajo la medida cautelar. Y según el director de este departamento, Rafael Guerrero, se está aplicando en diferentes delitos y distintas etapas de los procesos.
Con esta primera experiencia de más de un lustro y una población penitenciaria de 14 mil personas y con uno de los índices de hacinamiento más grandes de la región, el brazalete electrónico aún permanece en estado de evaluación como una alternativa para desalojar los centros penitenciarios.
A finales de 2012, el director del Sistema Penitenciario, Ángel Calderón, divulgó la posibilidad de que este programa fuera masivo y se extendiera como medida para 500 privados de libertad y así aliviar el mayor problema del Sistema Penitenciario.
Tal parece que el intento por masificar el uso de los brazaletes es un asunto complejo. Después de cuatro meses de que Calderón mencionara esa idea, aún está en fase de evaluación.
Calderón expresó que todavía en este asunto no hay nada en “blanco y negro”.
El director del Sistema Penitenciario dice que de forma preliminar se hacen evaluaciones en conjunto con la Procuraduría y el Órgano Judicial para llevar adelante la iniciativa.
Si bien los entendidos en materia criminológica consideran que el ideal es que el monitoreo a través del aparato ayude a disminuir el hacinamiento, antes de introducirlo de forma masiva hacen una serie de recomendaciones para blindar este recurso.
La directora del Instituto de Criminología, Aida Selles de Palacios, piensa que el brazalete electrónico es una de muchas alternativas que se pueden utilizar para bajar el hacinamiento de las cárceles.
Selles advierte de la necesidad de establecer un perfil de quiénes pueden acceder a pagos de condenas a través del monitoreo.
Para el exviceministro de Gobierno y Justicia y subdirector del Instituto de Criminología, Severino Mejía, el uso del brazalete sería muy riesgoso en personas que pagan condenas por delitos graves como homicidio, por ejemplo. Mejía opina que esta tecnología puede utilizarse para monitorear a personas que incurren es delitos leves que no constituyan un riesgo a la sociedad, como incumplimiento de pensión alimenticia.
“Hay que dar un golpe de timón que, definitivamente, establezca que quien quede privado de su libertad sea por un delito muy grave y que los procesos sean mucho más ágiles, que disminuya exponencialmente la moratoria”, comentó Mejía en referencia a las opciones para reducir el hacinamiento.
Otros puntos a evaluar, de acuerdo con la directora del Instituto de Criminología, es el factor técnico porque los aparatos pueden tener un daño y hacer que se pierda el control de la persona. Tampoco es recomendable, según Selles de Palacios, utilizarlo en personas sujetas a investigación por el riesgo a la estigmatización si la persona resulta inocente.
Para René Quevedo, un ingeniero involucrado en la resocialización de privados de libertad, si bien la cifra de 222 personas o 1.5% con respecto a la actual población penitenciaria no es significativa, sin embargo, sí representa una oportunidad porque se puede aprender y documentar la efectividad de la utilización de los equipos.
“El uso de brazaletes no es todavía masivo en ninguna parte del mundo. Como otros países, Panamá está experimentando con esta tecnología”, manifestó Quevedo.
El ingeniero piensa que, aunque es imperativo disminuir la población penitenciaria, también lo es revisar el programa para conocer las ventajas y así proveer información a posibles empleadores para evitar aprehensiones con respecto a dar trabajo a las personas que mantengan un arresto vigilado.
Por el momento, según las palabras de Calderón, se trata de un camino por recorrer a largo plazo. El director del Sistema Penitenciario reconoció que quedan por estudiar varios puntos, entre estos, el costo de la masividad. Por ahora no hay una fecha estimada para concluir la evaluación.
