Las investigaciones que se han iniciado contra funcionarios de gobierno, durante el mandato del presidente Juan Carlos Varela, reciben un trato distinto al de otros panameños, a tal punto de que existen procesos que llevan más de un año, y no han tenido un avance.
Se trata de unos 9 casos de alto perfil que han involucrado a ministros, directores y asesores del Gobierno que, pese a ser señalados por cometer alguna clase de infracción, no han comparecido ante la justicia.
Incluso, algunos funcionarios han reconocido haber realizado prácticas, por las que hoy son investigados exfuncionarios del gobierno anterior, sin embargo, sus casos no avanzan en el Ministerio Público.
Críticos del Gobierno señalan que se trata de una aplicación de la justicia de forma selectiva, que ha beneficiado a figuras ligadas a la Presidencia.
En este caso se menciona al exasesor presidencial, Ramón Fonseca Mora, quien ha estado inmerso en una investigación por parte del Ministerio Público (MP), por denuncias contra su bufete de abogados Mossack Fonseca, relacionado con sociedades anónimas presuntamente usadas para lavado de dinero y blanqueo de capitales.
El propio presidente Juan Carlos Varela ha salido al paso de las acusaciones, y enviado un mensaje a las autoridades judiciales, al describir su amistad con Fonseca Mora.
"No voy a negar mi amistad con el señor Fonseca Mora; él es un amigo mío y sí me he comunicado con él, sobre todo en la parte más personal; él tiene esposa, tiene a sus hijos, y los amigos en estos momentos difíciles no salen corriendo, los amigos están ahí (...)", dijo el mandatario.
Por otra parte, ahora se han defendido procedimientos institucionales y supuestos malos manejos de los fondos públicos, que antes criticó el presidente Varela, estando en oposición.
Ello, en casos como el programa Techos de Esperanza, ejecutado por el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, quien fue sometido a una investigación por el Ministerio Público (MP), al haber ordenado compras directas para el alquiler y compra de equipos, que benefician a un grupo de empresas.
Las contrataciones directas se han repetido en otras entidades como Tocumen S.A., en la que su gerente general, Joseph Fidanque III, ha efectuado cantidad, que fueron adjudicadas a allegados y a empresas con las que tiene vinculación directa, pero no es investigado.
En este caso se han presentado denuncias en la Procuraduría General de la Nación, por violentar la legislación panameña que establece que "no podrán celebrarse contratos o acuerdos (...) para la prestación de servicios o para el suministro de bienes en beneficio suyo".
Procesos amañados
Los cuestionamientos al Gobierno no solo se acentúan en la forma como se omiten investigaciones, sino en cómo se ha aplicado la justicia en casos de alto perfil.
También se rechaza la forma como se aplica la justicia a miembros del Partido Panameñista.
Unos de estos procesos fue el de Bosco Vallarino, en el que la Fiscalía Auxiliar dictó una medida cautelar de casa por cárcel al exalcalde de Panamá, que es investigado por presuntamente haber aceptado un soborno.
Igual sucedió con el "falso médico", Grimaldo Córdoba, quien fue condenado a 42 meses de prisión por el juzgado decimosexto penal, pena que es conmutable.
Esta forma de aplicar justicia también guarda relación con los donantes de campaña del presidente Juan Carlos Varela.
En este sentido, la ex primera dama Marta Linares de Martinelli cuestionó "¿cuánto habrá donado Mossak Fonseca al presidente Varela para su campaña? ¿Lo habrá declarado? ¿Por qué no se investiga?".
A su vez, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alberto Álvarez, dijo que hay percepción de que personas que han sido asesoras de campaña del presidente no son investigadas.
Esto llevaría a que el presidente pague el costo.
Según el exembajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Guillermo "Willy" Cochez, "el precio que Varela ha pagado por tener el control del Legislativo ha sido muy alto. Mucha corrupción".
