Panamá
Cómo se cerrará y cuánto costará este proceso para el Estado es un tema polémico. Para el Defensor del Pueblo, la mina tendría que operar para cerrarse.
Las palabras del Defensor se dieron durante la presentación del informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Panamá. Foto: Francisco Paz
El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, se mostró a favor de que la comisión que se encargará del cierre de la mina se amplíe para que participen sectores de la sociedad civil organizada, sin embargo, es importante que el Gobierno Nacional defina de una vez por todas la ruta a seguir para este cierre.
"Si esta ruta conlleva la participación de otros actores, necesitamos que esto se haga con transparencia y proponemos que se haga una visita al lugar por ambientalistas y miembros de la sociedad civil organizada para que reconozcan el lugar y vean lo que se está haciendo", dijo el Ombudsman.
Ya la Alianza Pueblo Unido por la Vida que integra a organizaciones sindicales, de trabajadores y profesionales, exigieron que la comisión designada por el Ejecutivo sea eliminada y se nombre otra en la que participen los que lucharon contra el contrato minero.
A Leblanc le preocupa el costo que acarreará el cierre de la mina y de dónde saldrá.
"Para nosotros es preocupante las tinas de relave y su mantenimiento. Si se dañan puede ocasionar daños de más de 50 años para poder revertirse. Si alguien quiere que eso pase, entonces el antipatriota no soy yo, es la persona que quiere que eso ocurra", dijo Leblanc.
El Suntracs planteó este lunes, que el 9 de enero, convocará a otras organizaciones populares para ir a la mina de cobre y exigir su cierre inmediato.
No obstante, para el Defensor este cierre no es algo sencillo, debido a que por tratarse de una mina joven, se tiene que analizar como se clausurará y cuanto nos costará.
"Probablemente van a tener que tomar la decisión de que opere para cerrarse; suena contradictorio pero es una realidad y si no es así tendrá que salir de nuestros impuestos. Se tendría que aumentar impuestos o desviar recursos destinados a inversión social", sostuvo Leblanc.
Agregó que los costos de este mantenimiento y del cierre tienen que salir de la misma operación y no de fondos destinados para escuelas, salud, vivienda, y las múltiples necesidades que tiene el pueblo panameño.
"Tenemos que tomar una decisión como país. A mi no me gustaría que ni un dólar salga de los fondos destinados a salud educación u obras públicas", reiteró.
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