- 111 cierres de calles se han dado este año, aproximadamente, a nivel nacional.
Prisión hasta de dos años para quienes impidan el libre tránsito
- El 12 de abril de 2010, la Asamblea Nacional aprobó en una sesión que acabó cerca de la medianoche, el proyecto 110 que incluyó un artículo que sanciona con cárcel a quienes cierren vías públicas. La medida generó el rechazo de sectores sindicales, quienes la bautizaron con la “ley carcelazo”.
- En realidad, el proyecto que luego pasó a ser la Ley 14 de 13 de abril de 2010, solo contempla un artículo, el noveno, que se refiere a esta disposición.
- Mediante el mismo, se adiciona un artículo al Código Penal, que estipula: “Quien abusando de su derecho de reunión o manifestación, mediante uso de violencia, impida u obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país y cause daños a la propiedad pública o privada será sancionado con prisión de seis meses a dos años”.
25 cierres: Gremios de educadores
- Los cierres protagonizados por estos grupos han sido los más numerosos en este año, luego de la huelga de un mes que sostuvieron varios gremios, al no aceptar un sistema de evaluación implementado en los centros educativos para hacer efectivo el aumento de 900 dólares.
21 cierres: Indígenas
- Grupos indígenas, principalmente de las etnias ngäbe y buglé, han escenificado cierres de calles que han durado varios días en este gobierno. En 2014 también han cerrado vías internacionales como la Panamericana, mostrando su oposición al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
20 cierres: Comunidades
- Problemas con la prestación de servicios públicos y otras necesidades fueron los argumentos por los cuales residentes de diversas comunidades decidieron cerrar calles, desde las que conducen a sus sectores hasta vías principales como la carretera Panamericana.
15 cierres: Obreros de la construcción
- La huelga convocada por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), que duró 16 días, ocasionó varios cierres de calles, antes y después del conflicto, como el que se vivió en la vía del aeropuerto el pasado martes 20 de mayo.
10 cierres: Jubilados y precaristas
- Un grupo de jubilados, liderados por Eladio Fernández, regresó a inicios de este año a la Avenida 5 de Mayo para pedir un nuevo aumento en sus pensiones. Por otro lado, precaristas también protestaron en las calles exigiendo soluciones habitacionales.
8 cierres: Padres y estudiantes
- La huelga de educadores este año provocó un hecho singular en la sociedad cuando padres de familia, en compañía de sus hijos, cerraron varias calles en la ciudad y el interior del país para exigir que los docentes regresaran a las aulas de clase.
Los cierres de calles se han convertido en un método recurrente de protesta por diversos sectores de la sociedad al punto que, lejos de buscar soluciones por otras vías, acuden a esta práctica, con su secuela de afectación a terceros y a la economía nacional.
En lo que va del año se ha registrado un promedio de 111 cierres de calles en 97 días hábiles, entre estos el realizado el martes pasado, cuando cuatro vías principales fueron “bloqueadas” por manifestantes, incluyendo el acceso por varias horas al Aeropuerto Internacional de Tocumen.
La protesta de obreros que laboran en la ampliación de la terminal aérea se debió a problemas salariales con la empresa que desarrolla el proyecto, sin embargo, afectó a miles de turistas que se atrasaron o perdieron sus vuelos, así como a las líneas aéreas que operan en el país.
Los grupos que se inclinan por esta forma de protestar aducen problemas como la falta de agua potable, vivienda, transporte público digno o aumentos salariales, entre otros, para llevarla a cabo.
En este año la mayor cantidad de cierres de calles ha sido escenificada por grupos docentes que hasta ayer estuvieron en paro exigiendo que los 300 dólares que recibirán de aumento sean endosados a su salario bruto; seguido por indígenas que, entre otras causas, se oponen al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en el oriente de Chiriquí; y los obreros de la construcción, quienes a finales de abril estuvieron por dos semanas en huelga pidiendo aumento salarial.
Según el sociólogo Marco Gandásegui, las personas no deciden cerrar calles por que quieren, sino que son grupos sociales que tienen intereses en comunes que ante la frustración a la falta de atención, recurren a esta medida de presión para obtener respuesta.
Sin embargo, Gandásegui advirtió que existen dos tipos de frustración cuando se da el cierre de una calle, el de los protagonistas y el de los que se afectan con la medida.
“Los cierres de calles crean una gran incertidumbre. Los demás, que son los perjudicados por esa práctica, tienden a cansarse y con esto llegan a manifestar comportamientos inapropiados que muchas veces pueden empeorar la situación”, indicó el sociólogo.
Ejemplo de lo que expresó el experto se dio el 26 de abril, en medio de una protesta de educadores, cuando una conductora trató de rebasarlos, en la Calle 50, y atropelló a tres.
Para Sara Pardo, ligada al sector hotelero, el cierre que se dio el pasado martes frente al aeropuerto no solo da una mala imagen del país, sino que el turista queda sin deseos de volver y el que viene en planes de negocio se lleva una mala percepción y evitará regresar.
“Estas son cosas que uno no las ve en otro país. Una cosa es cerrar una carretera, que encima va en contra de cualquier acto o molestia a quienes la estamos usando; pero cerrar una vía internacional es algo que no se había visto antes y sí afecta”, señaló Pardo.
El presidente encargado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Mauricio de la Guardia, consideró inaceptable que, por imponer la postura de una minoría, se atente contra el futuro de los estudiantes -en el caso de las protestas de los docentes-, así como la estabilidad del país y su crecimiento económico.
“En el último mes hemos sido víctimas de cierres de calles, pérdidas de clases, atrasos en obras como la ampliación del Canal... que nos ha costado más de 20 días de clases perdidas, cancelación de rutas por parte de navieras, entre otros”, planteó de la Guardia.
En el caso de los cierres de calles que obedecen a intereses particulares, el empresario solicitó a las autoridades que hagan cumplir la ley. Mientras, con respecto a las protestas que buscan llamar la atención sobre problemas sociales, es necesario la “optimización de mecanismos de comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía”, detalló.
Costos
Empresarios y economistas consultados coinciden en que para dimensionar el impacto económico causado por los cierres de calles se requiere evaluar los sectores en forma individual.
El economista Adolfo Quintero planteó que si el producto interno bruto (PIB) del país es de 42 mil millones de dólares, representa por hora 4.8 millones de dólares; lo que da una idea de lo que se podría perder o dejar de percibir en forma global por 60 minutos que dure un cierre.
Se estima que el cierre de la Panamericana que por una semana realizaron los indígenas en 2012 ocasionó 3.2 millones de dólares en pérdidas, solo en el sector agropecuario.
Mientras, el cierre de la frontera entre Panamá y Costa Rica, por transportistas, ocurrido en agosto de 2013, dejó pérdidas por 1.5 millones de dólares.
Finalmente, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) calculó que por la huelga y los cierres de calles en el pasado conflicto con el Suntracs el sector perdió 50 millones de dólares por día.
