Una administración que dice que hará algo y termina desistiendo de su promesa o contradiciéndose en sus declaraciones.
Así se han caracterizado los dos años del gobierno de Juan Carlos Varela, quien ha llegado a contradecirse en gran parte de sus discursos, y en vez de brindar las respuestas que la población necesita, ha cambiado después su versión, a conveniencia propia.
Derechos humanos
Un ejemplo ocurrió con el caso de la cárcel de Punta Coco, en el archipiélago de Las Perlas.
Varela, primero, afirmó que no había detenidos, pero después explicó que sí se conducían a ese lugar a cabecillas de bandas para evitar que estos dieran órdenes desde las cárceles para perpetrar delitos.
"Los invito a que visiten el centro y vean las facilidades que se están dando en ese lugar. De comida, de todo (...), comparado con otros centros del país, que estamos remodelando actualmente", sostuvo en ese entonces.
El presidente entró en diferencias con activistas y organizaciones de derechos humanos, incluyendo a la Defensoría del Pueblo, que advirtieron que la habilitación de esta prisión insular, violentaba los derechos humanos, a los que el mandatario no hizo caso.
En marzo de este año, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre el tema y obligó al Gobierno a trasladar a los detenidos de ese centro penal, con los consecuentes gastos incurridos por no prestar atención a quienes les advirtieron de su acción.
Seguridad
En otro caso, Juan Carlos Varela fue crítico en campaña electoral del contrato firmado con la empresa italiana Finmeccanica para la adquisición de radares, a tal punto que nombró a un embajador en la nación europea para que se dedicara exclusivamente a este tema.
Pero, para sorpresa de muchos, después el Gobierno le dio el visto bueno al contrato con la empresa, luego que había sido su principal detractor, levantándose en Panamá un proceso legal que llevó a la cárcel por seis meses al exministro José Raúl Mulino, quien lo firmó en el gobierno de Ricardo Martinelli.
Esta situación generó preocupación entre juristas y miembros de la sociedad civil, entre ellos, el abogado experto en contrataciones públicas Ernesto Cedeño, quien refirió: "Me acuerdo que dijeron que todo estaba mal con los italianos y deseaban que se llevaran todo lo que nos habían dejado. ¿Ahora avalan lo hecho?
Política
En el plano político, una de las contradicciones más notorias del mandatario fue la referente a la convocatoria a una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna, la cual prometió en su discurso de toma de posesión, el 1 de julio de 2014, ante la mirada de los panameños y la prensa extranjera, que estaba al tanto de su llegada al poder.
Un año después, reculó en una intervención ante la Asamblea Nacional.
El mandatario cambió de parecer y afirmó que las circunstancias políticas no eran las más adecuadas para convocar a unas reformas constitucionales, dejando en manos de la Concertación Nacional este tema, del cual hasta ahora no se sabe más nada.
Contrataciones
Sobre las contrataciones públicas, son varios hechos en los que el presidente ha "zigzagueado" a la hora de asumir una posición o aceptar que se están cometiendo errores.
Las reformas a la Ley 22 de 2006 fueron blanco de un fuerte debate en el Legislativo, en donde la bancada oficialista las aprobó, a pesar de las múltiples críticas en su contra.
El mandatario demoró casi dos meses para objetar el proyecto, a pesar de que en su momento dijo que era el más adecuado para el sistema de contrataciones públicas.
El Gobierno panameñista siempre fue crítico de las reformas realizadas a la ley en el Gobierno anterior, sin embargo, utiliza los mismos métodos de selección y hasta lo hace con "frecuencia", como las compras directas.
En entidades como el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), este abuso y preferencia por algunas empresas, llevó a que un director saliera de su cargo y hoy esté siendo investigado por una posible lesión patrimonial que supera los 6 millones de dólares.
En ministerios como el de Vivienda y Ordenamiento Territorial se detectó la preferencia por algunas empresas para el programa Techos de Esperanza, con fondos del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN), algo que negó inicialmente el titular Mario Etchelecu, aunque después tuvo que reconocer que dichas contrataciones se realizaron.
En el caso del aeropuerto de Tocumen, las contrataciones directas parecen ser el único método de selección existente y en ocasiones se ha adjudicado a empresas con las cuales el actual gerente, Joseph Fidanque, tiene vínculo comercial, como él aceptó.
"Yo sí tengo sociedad con Henne Motta en otras empresas. Pero esto viene de antes; cuando yo llegué, esta empresa estaba allí", admitiría Fidanque, quien reconoció ser socio con Guillermo Henne Motta, accionista de una de las empresas beneficiadas con contratos en la empresa aeroportuaria.
Ante este hecho, Varela defendió al gerente de Tocumen, S.A. y atribuyó las publicaciones realizadas por Panamá América a un ataque contra este.
"Esas denuncias vienen probablemente de las personas que antes tenían los estacionamientos del aeropuerto", afirmó el presidente.
25 megaobras paralizadas por esta administración
La paralización de proyectos iniciados en el gobierno anterior ha impactado en forma negativa en la generación de empleos y, por consiguiente, en la economía nacional.
El Gobierno sostuvo que continuaría con estas megaobras, sin embargo, hasta mayo se contabilizaban 25 proyectos suspendidos, lo que representaba un costo económico superior a los $1,000 millones.
Hace poco, el presidente hizo un recorrido por la Ciudad de la Salud y afirmó que presenta 45% de avance, porcentaje con el que concluyó en el gobierno anterior, a pesar de que la construcción supuestamente se reanudó en enero.
