Activistas denunciaron este jueves "la falta de justicia y desatención" en que están los menores que fueron víctimas de abusos sexuales, psicológicos y maltrato en albergues supervisados por el Estado, un escándalo que estalló hace ya dos años y que conmocionó al país.
"No nos podemos olvidar de este trágico momento de la historia panameña en el que los niños, o sea, nuestro futuro, fueron abusados", dijo a EFE la abogada y activista Serena Vamvas durante una vigilia pacífica frente a la sede de la estatal Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) que es la encargada de la supervisión de los albergues.
La vigilia fue convocada bajo el lema "¿Cómo están los niños y las niñas?. Han pasado dos años desde el escándalo de los albergues del Senniaf y no nos hemos olvidado".
Vamvas calificó como grave la situación mental y psicológica que han padecido los menores víctimas de abuso sexual y maltrato en los albergues, y criticó la desatención y el abandono en que se hallan por parte de las entidades y autoridades panameñas.
En concreto, Vamvas recordó que el problema con esta situación viene de muchos años atrás, cuando se "tercerizó" el cuidado de los albergues, "dándoselos a grupos (y fundaciones) para poder llevarlos adelante, pero no fiscalizaban de manera correcta" esta situación.
La activista indicó que esta falta de fiscalización no solo era de la Senniaf, sino también del Ministerio de Salud, "que no verificó en qué estado de salud de mental y física estaban los niños", así como de las carteras de Educación y de Gobierno, "que no revisaban el destino y uso de las donaciones que recibían las fundaciones".
"Esto es mucho más allá que un simple acto de corrupción, estamos hablando de niños y niñas que fueron abusados y que al sol de hoy no vemos justicia. Así que esperemos pues que estos dos años no queden en el olvido", remarco Vamvas.
Vamvas también se refirió a que hay que poner atención a la salud mental y rehabilitación de personas que reinciden en estos delitos de abuso sexual de menores, aunque afirmó que una propuesta que se analiza de castración química "no es una solución de fondo".
Una solución de fondo, según la activista, "es poder preparar a los niños para que digan si alguien los está abusando (...) que en un 80 % son de familiares y de gente cercana".
"Entonces, si no hacemos educación para que los niños puedan decir 'me está pasando esto', esto se va a seguir perpetuando", advirtió.
Un informe parlamentario difundido en febrero de 2021 señaló que decenas de menores en albergues supervisados por el Estado fueron víctimas de abusos sexuales y malos tratos al menos desde 2015, lo que generó indignación en el país y numerosas protestas para exigir castigo para los culpables.
Al menos cinco personas han sido condenadas hasta ahora en el marco de las investigaciones por estos casos, informó en enero de 2022 el Ministerio Público de Panamá (MP-Fiscalía).
Tres de las personas fueron sentenciadas por delitos sexuales y dos por maltrato al menor, informó esa vez el Fiscal Superior de la Sección Especializada en Familia del MP, Aurelio Vásquez, sin más precisiones.
En abril de 2021 se informó que cerca de medio centenar de menores habían sido reubicados y tenían medidas de protección en el marco de la investigación, que comenzó en el 2018, según datos de la Fiscalía.
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