Defensoría de Pueblo no pudo hablar con ninguna de las supuestas víctimas de esterilizaciones forzadas

El equipo interdisciplinario de la Defensoría de Pueblo no pudo hablar con ninguna de las supuestas víctimas de esterilizaciones forzadas en Bocas del Toro.

Señaló que la propia comunidad impidió incluso la entrada del personal del Ministerio Público para las diligencias.

Ante esto, el defensor del Pueblo hizo un llamado a todas las mujeres indígenas que sientan que su derecho humano ha sido vulnerado a interponer la denuncia en las oficinas de la Defensoría del Pueblo o llamar al 127.

Leblanc señaló que una testigo “de referencia” que conversó con los Oficiales de Derechos Humanos de la institución indicó que no confían en la Caja de Seguro Social ni el Ministerio de Salud.

La activista de derechos humanos, Lucy Córdoba, justificó el incidente señalando que estas mujeres temen quedar expuestas y ser revictimizadas.

Córdoba aclaró que es las esterilizaciones forzadas y la discriminación de las mujeres indígenas en el sistema sanitario es una realidad, e interpondrán las denuncias formales con hecho, de una manera discreta y confidencial para que esta situación no se replique en otras mujeres originarias.

Sostiene que muchas de estas mujeres temen estar ante la palestra pública, porque incluso ni sus propios familiares ni los miembros de la comunidad conocían la situación que enfrentaban.

El Defensor del Pueblo reiteró que continuarán las investigaciones, hasta llegar a las últimas consecuencias.

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Igualmente, la Defensoría del Pueblo asumirá el costo de transporte, alojamiento y ultrasonido a las posibles víctimas de esterilizaciones forzadas de Charco La Pava en Bocas del Toro.

Leblanc insistió que llegarán hasta las últimas consecuencia en estas investigaciones y de confirmarse los hechos, interpondrán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y los organismos internacionales.

Leblanc González se reunió con el  director regional de Salud de Bocas del Toro y sostendrá reunión con la ministra de Salud, encargada, Ivette Berrío y el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao Cortés.

Mediante oficio solicitó al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social en un plazo no mayor de 24 horas todo lo relacionado a las supuestas intervenciones médicas.

Durante la gira a Charco La Pava, la comitiva de la Defensoría del Pueblo, también inspeccionó el puesto de salud para corroborar que se estén dando las atenciones oportunas a los niños afectados por Leishmaniasis, constatando la existencia de medicamentos y que este martes el médico los atenderá.

En tanto, la activista de derechos humanos, Lucy Córdoba, ha solicitado cortesía de sala en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia para leer los testimos de las supuestas víctimas.

En tanto, el Ministerio Público conforma equipo especial de fiscales, para realizar pesquisas relacionadas a una denuncia presentada sobre posibles procedimientos de esterilización no consentidos.

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