Ante la inminente entrada en vigencia de la descentralización impulsada por el Gobierno de Juan Carlos Varela, surgen preocupaciones sobre quién garantizará que se fiscalice el adecuado uso de los fondos por parte de los gobiernos locales e incluso se compara el desembolso de fondos con las tan repudiadas partidas circuitales.
El proyecto de ley de descentralización, que fue presentado por el propio presidente Varela, contempla que a partir del 2 de enero de 2016, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiera 175 millones de dólares a las cuentas de los gobiernos locales (78 municipios) para que estos lo utilicen a su discreción.
Para que la utilización de fondos se realice de la mejor manera sin que haya irregularidades o visos de corrupción, le tocará a la Contraloría General de la República, a cargo del contralor Federico Humbert, fiscalizar a los municipios.
No obstante, el economista Juan Jované recalcó que la escogencia del contralor fue una elección política, lo cual ya crea el riesgo de una fiscalización diferenciada siendo para unos más fácil y para otros más complejas.
Advirtió que mientras se siga dando esta politización, la descentralización puede convertirse en un mecanismo de clientelismo de apoyar a aquellos sectores cercanos al gobierno y no a los otros.
Adicional a esto, el economista fue enfático en resaltar que los partidos aliados al Gobierno tendrán acceso al manejo de millones de dólares.
Jované expresó que en el país se necesita que ese tipo de cosas se despoliticen, pero que lastimosamente eso no ha ocurrido así hasta el momento.
Actualmente, los 78 municipios están sujetos al control previo de la Contraloría, de donde 39 cuentan con oficinas de fiscalización, con un personal que alcanza las 119 personas.
Pero, a pesar de que los municipios y ahora las juntas comunales del todo el país estarán sometidos al control previo y posterior, los ciudadanos exigen mantenerlos vigilados para que estos cumplan con el propósito de la descentralización y que les llegue las soluciones a sus sectores más vulnerables.
El Gobierno ya activó un plan que regirá en enero del 2016 y acordó poner un margen de 500 mil dólares como fórmula solidaria para apoyar a los municipios que menos ingresos reciben como Sambú, Taboga, Chimán, Pocrí, Remedios y los que están dentro de las comarcas indígenas.
Ahora le corresponderá a la Comisión de Asuntos Municipales aprobarlo en primer debate para que vaya y sea discutido ante el pleno de la Asamblea Nacional en el segundo y tercer debate.
El alcalde capitalino, José Isabel Blandón, considera que la descentralización es necesaria y un paso importante en la dirección correcta en cuanto a fortalecer la democracia del país.
"Es una manera de asignar recursos y competencias a los gobiernos locales para resolver los problemas de la comunidad, porque nadie mejor que los gobierno locales para atender las inquietudes principales y cotidianas", agregó.
Aseguró que actualmente el Gobierno central está muy lejos de las realidades que enfrentan los barrios del país.
Blandón dejó claro que el proyecto de ley establece que habrá una fiscalización a través del control previo y posterior de parte de la Contraloría, pero cree que es más importante que haya una fiscalización y una participación de los ciudadanos.
"Nuestra meta es que para el 2018, los 23 corregimientos de la ciudad capital tengan procesos de presupuesto participativo, en los que sea la comunidad que diga cuáles son sus prioridades", explicó.
Lo planteado por Blandón es refutado por la diputada del PRD Zulay Rodríguez, quien señala que con esta propuesta, los municipios se convertirán en recolectores de bienes inmuebles.
Rodríguez argumenta que ella no se opone a la descentralización, sino que este se enfoque en el cobro de impuestos de inmuebles.
"El PRD está de acuerdo con la descentralización, con lo que no está de acuerdo es con que se base en el cobro de impuestos de las casas", advirtió la diputada del circuito 8-6.
Yadira Pino, dirigente magisterial, explicó que no confía en la fiscalización actualmente, ya que el que está frente a la Contraloría es una persona que el presidente Varela puso allí por una conveniencia, el cual ya ha demostrado en el poco tiempo que no está para fiscalizar.
Pino cree que hay una necesidad de que se haga una constituyente, tema que fue prometido en campaña por el mandatario Juan Carlos Varela, el cual ahora no quiere implementar.
La dirigente asegura que la ley es vigente, pero que la forma de actuar de los funcionarios de alta jerarquía es de no tener ningún tipo de control en el manejo de los recursos del Estado.
"La descentralización para nosotros en concepto no lo vemos mal, sino que el problema y temor es para qué y cómo será utilizada la descentralización", dijo.
Otros expertos como abogados y analistas políticos coincidieron en que Panamá no está preparada para la descentralización, por lo que le recomendaban a Juan Carlos Varela que esta se dé sin apuros.
En este sentido, Enrique Montenegro, del Frente Anticorrupción, mencionó que la descentralización sí es buena, pero hay que hacer partícipe a la comunidad de los manejos de los fondos.
Jorge Herrera, presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, recordó que en todos los proyectos de las juntas comunales se involucrará la participación ciudadana, a fin de que exista mayor transparencia.
Pero el excandidato presidencial independiente, Juan Jované, piensa que esto no pasará, ya que se corre el riesgo de que los gobernantes utilicen los fondos como mecanismos de carácter clientelista, aglutinando una parte de la comunidad usando estos recursos.
Cifras
500 mil dólares activó el Gobierno para apoyar a los municipios que menos ingresos reciben.
175 millones de dólares transferirá el Gobierno, a partir de 1 de enero 2016, a municipios del país.
Varela pidió un voto de confianza a las autoridades municipales
En la presentación del proyecto de ley de descentralización ante la Asamblea Nacional, el mandatario Juan Carlos Varela pidió un voto de confianza a las autoridades municipales.
También instó a la clase política a estar a la altura de las expectativas del pueblo panameño con la implementación de la ley de descentralización a partir de enero de 2016.
Varela, igualmente, llamó a un diálogo nacional por la descentralización, que se inició el pasado 15 de julio de 2015, y que se prolongó por cinco semanas hasta que el pasado 26 de agosto se presentaron los acuerdos ante la totalidad de alcaldes y representantes de corregimientos, lo que permitió definir el uso del impuesto de inmuebles por los municipios de la República y la competencia a la que esos recursos serán destinados.
“Sé que no es usual que un mandatario presente un proyecto de ley”, destacó ante el Pleno el gobernante panameño, pero con esto se marca “un antes y un después en la vida política del país, en la democracia, y es una oportunidad de oro que tenemos para demostrar que la clase política en el país puede mejorar”, agregó.
Solicitó a las autoridades que estos fondos sean manejados con trasparencia, eficiencia y honestidad para el beneficio de la comunidad y recordó que el documento es el fruto de largas reuniones entre autoridades locales, diputados y el Ejecutivo.
