En Panamá, las leyes prohíben la detención preventiva de personas en estado de salud delicado, sin embargo, la realidad describe muchas historias que contradicen lo que dictan estas normas.
La situación judicial de Alejandro Garuz es una muestra de este incumplimiento a la ley, así lo reafirma el abogado y exfiscal superior especial Cristóbal Arboleda.
El jurista, quien también asume la defensa de Garuz en el caso de los pinchazos telefónicos, indicó que en el Sistema Penitenciario se prohíbe la entrada de medicamentos por parte de los familiares y abogados, y para que haya una excepción a la regla, se debe seguir todo un protocolo que tarda hasta tres semanas.
Mientras ese procedimiento sigue su curso, el detenido no recibe sus tratamientos médicos, en detrimento de su salud.
Arboleda dijo que en el caso de su cliente, se siguió todo el protocolo y durante esas tres semanas que no recibió el tratamiento pudo haber sufrido un infarto.
"Fueron momentos duros los que pasó Alejandro Garuz en la Nueva Joya", dijo Arboleda para describir todo el esfuerzo que hicieron los familiares para que se les permitiera llevarle sus medicinas.
El procedimiento para proveer de medicamentos a un paciente en grave estado de salud consiste en remitir una nota al Sistema Penitenciario, que le da traslado al ministro de Gobierno para el visto bueno y luego se otorga o se niega el permiso.
Adjunto a la solicitud, se debe proporcionar el diagnóstico médico y las respectivas recetas firmadas por el doctor de cabecera del paciente.
El artículo 2129 del Código Judicial plantea: "Salvo exigencias cautelares de excepcional relevancia, no se decretará detención preventiva a personas en grave estado de salud".
En el caso de Julio Miller, la situación fue muy parecida, comenta su sobrina Tailín Jiménez Julio. Explicó que en los dos primeros días que este pasó detenido, no recibió sus medicamentos por la prohibición que mantenía la oficina penitenciaria de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
Reveló que a la familia le tocó pasar un viacrucis durante ese tiempo porque cuando se solicitaba a la fiscal tercera superior, Zuleyka Moore, que autorizara el permiso, la funcionaria argumentaba que era facultad de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) permitir la entrada de los medicamentos y estos achacaban la responsabilidad al Ministerio Público.
Miller estuvo detenido preventivamente por una semana en las celdas de la DIJ y fue liberado cuando tuvo que ser hospitalizado de urgencia a causa de las complicaciones provocadas porque en sus días de encierro no recibió sus tratamientos de manera adecuada.
El problema no solo fue por la falta de medicinas, sino que, por su condición de diabético, Julio Miller tiene que seguir una dieta, la cual no le era adecuadamente proporcionada en el tiempo que estuvo en la DIJ.
En estos dos procesos se ha ordenado el cambio de medidas cautelares. En el caso contra Julio Miller, la decisión ha sido cumplida debido a la situación grave de salud que lo mantiene hospitalizado y al informe de Medicina Legal que recomienda aplicar una medida cautelar distinta a la detención preventiva.
Mientras, con Garuz, pese a que existe una decisión del Juzgado Decimosexto de Circuito que decreta su liberación, un recurso de apelación ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia mantiene suspendida la orden de liberar al exjefe del Consejo de Seguridad.
Roberto Sanguillén, quien representa al movimiento de los derechos humanos de los privados de libertad, asegura que peor suerte pasan los detenidos que están en situación grave de salud en las cárceles del país.
Señaló que dentro del Sistema Penitenciario hay una completa desorganización con la atención médica de los detenidos que están en grave situación de salud.
Indicó que, primero, en la Policía Nacional hay controles que impiden la entrada de los medicamentos en los penales por considerar que pueden ser utilizados para hacer droga.
Comentó que ni siquiera el director del Sistema Penitenciario tiene injerencia para permitir la entrada de estos medicamentos, para ello se le solicita autorización al Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud Penitenciaria.
Destacó que para autorizar la entrada de medicamentos a los detenidos con situación grave de salud deben pasar semanas, mientras tanto, las personas están muriendo.
Atención médica en cárceles no es eficiente, denuncia abogado Sanguillén
La razón, según el abogado Sanguillén, es porque no hay suficientes médicos para analizar las recetas que van adjuntas a las solicitudes para permitir la entrada de los medicamentos.
Destacó que lo ideal es que en cada centro haya al menos un médico las 24 de horas al día, situación que no ocurre, ya que, por ejemplo, en el complejo penitenciario de La Joya y La Joyita, los doctores solo laboran un turno normal de trabajo.
Señaló que estos protocolos de seguridad están jugando con la vida de los detenidos, pues solo en un año han fallecido 12 privados de libertad por complicaciones de salud.
A esto se suma que los detenidos en condición grave de salud pierdan sus citas especializadas debido a la falta de unidades policiales, que son las encargadas del traslado de estos privados de libertad al Hospital Santo Tomás.
"Hasta para que los saquen del pabellón a la clínica La Merced hay dificultades", dijo una fuente.
Aumentan los niveles de violencia dentro y fuera de las cárceles
El problema de la seguridad no tiene que ver con números estadísticos, sino con el aumento de los niveles de violencia con que se están registrando los delitos.
En estas conclusiones coinciden expertos criminólogos consultados por Panamá América.
Una muestra de este aumento de la violencia en el país se pudo ver este miércoles en el sector norte de la ciudad de Panamá cuando en la comunidad de Quebrada Ancha fue encontrado el cadáver de un hombre que estaba bañado en sangre y forrado en un plástico igual al que usan para el embalaje de mercancía seca.
Los hechos de homicidios se cometen con frecuencia en las cárceles con el uso de armas de fuego, tal como el que ocurrió en el centro penitenciario de Nueva Esperanza, donde un privado de libertad falleció tras recibir un impacto de bala.
Este sería el tercer asesinato dentro de un centro penitenciario, por esta razón, el director de la Policía Nacional indicó que han continuado los operativos para detectar armas de fuego y punzocortantes dentro de los penales.
Para Severino Mejía, de la Universidad de Panamá, el combate a la delincuencia no se logra con programas que se definen en cinco años; por lo tanto, aboga por la puesta en marcha de políticas públicas duraderas.
Mientras, Rolando Mirones aboga por un diálogo nacional para integrar a todos los sectores del país.
Datos
12 Privados de libertad han fallecido durante este año por complicaciones de salud.
3 Semanas le tocó a Alejandro Garuz esperar para que autorizaran sus medicamentos.
- La discusión que protagonizo la primera dama Lorena Castillo con Frenadeso generó reacciones a favor y en contra.
- @carols2112
- A ellos no les interesa, les resulta mejor encerrarlos que rescatarlos.
- @SPDEMETRIO
- Todo cierre que hicieron contra otro gobierno era bueno, ¿por qué ahora es malo? Periodistas, universitarios ¡presos!
- @AngelaDeGrasse
- Cárcel para esos delincuentes y póngalos a estudiar día, noche y madrugadas.
- @narradordeporti
- Pero Ud. ya los condenó, asegura que fueron ellos.
