Un decreto ejecutivo publicado hace dos días en la Gaceta Oficial, y que establece un plazo para que la Asamblea Nacional apruebe los traslados de partidas, pudiera representar una intromisión directa del Órgano Ejecutivo en el Legislativo.
Se trata del Decreto Ejecutivo número 351 de 2 de octubre de 2017, que firman el presidente Juan Carlos Varela y el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, el cual establece que "de no actuarse" en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sobre cualquier solicitud de traslado de partida en un término de 20 días, se aprobará los traslados de partida que no rebasen 300 mil dólares.
No obstante, aclara el decreto, que de realizarse cualquier actuación por parte de la Comisión de Presupuesto, se suspende el término de 20 días y se comunicará a la atención del traslado para que la institución a cargo se presente en un tiempo máximo de 10 días.
Este decreto es el segundo que se publica entre mayo y octubre de este año y que modifica la Ley N° 63 de 2 de diciembre de 2016, relativa al Presupuesto General del Estado.
A juicio de algunos juristas, el nuevo decreto atenta contra la separación de poderes, puesto que no puede darse una limitante de este tipo, porque agrede la norma constitucional.
Actualmente, cuando una institución solicita un traslado de partida debe sustentar su petición ante la Comisión de Presupuesto y esta, a su vez, proceder a su aprobación o rechazo.
Con el Decreto 351, si la Comisión de Presupuesto no hace un trámite, la Dirección de Presupuesto de la Nación del MEF colocará en el sistema informático la sección de "aprobado" y notificará a la entidad.
Ante esto, el asesor legal de la Asamblea Nacional, Neftalí Jaén, explicó que se trata de una excepción, pese a que toda modificación a una ley tiene que hacerse mediante otra ley, pero en materia presupuestaria se pueden hacer modificaciones, pero solo a través de la Comisión de Presupuesto.
El jurista señaló que la ley de presupuesto es la única norma que se modifica a través del año, sin necesidad de que se cambie el contenido de fondo.
Sostuvo que si se hace como se plantea en el nuevo decreto "es totalmente inconstitucional" y, si se salta a la Comisión de Presupuesto, puede llevar a cometer una violación a la norma constitucional.
A su vez, el abogado Miguel Antonio Bernal aseguró que significaría una usurpación de funciones directa, pues en materia hacendaria y tributaria, desde que existen los parlamentos, la función relativa al presupuesto le compete al Órgano Legislativo.
"Lo que pasa que aquí con el régimen militar y su Constitución de 1972 fueron introducidos una serie de criterios contrarios a la doctrina presupuestaria", manifestó el catedrático.
A juicio de Bernal, como el Gobierno entrará a un año de elecciones generales, necesita ver como crear mecanismos para obtener más recursos.
El exmagistrado del Tribunal Electoral, Gerardo Solís, atribuyó la decisión del Ejecutivo a un tema político, y al resquebrajamiento que está teniendo el Gobierno a lo interno.
Solís opina que el jefe del Ejecutivo ya no está controlando los poderes a su cargo, y "el Órgano Ejecutivo va a actuar cada día con menos coherencia y más arbitrariedad".
Mandato
En la Constitución se establece en el artículo 267 que corresponde al Órgano Ejecutivo la elaboración del proyecto de Presupuesto General del Estado y al Órgano Legislativo su examen, modificación, rechazo o aprobación.
También afirma en el artículo 159 que es función legislativa, "intervenir en la aprobación del Presupuesto del Estado, según lo establece el Título IX de esta Constitución".
A su vez, se señala en el artículo 271 de la Constitución que "la Asamblea Nacional podrá eliminar o reducir las partidas de los egresos previstos en el proyecto de Presupuesto, salvo las destinadas al servicio de la deuda pública".
Números
23 de junio de 2015, el presidente violó el Tratado de Neutralidad al decidir formar parte de una coalición contra el terrorismo.
30 de enero de 2017, Varela amenazó con intervenir en la Asamblea Nacional para que se aprobaran reformas electorales.
7 mil dólares de jubilación iban a pagarse a uniformados con puestos en el Ejecutivo.
