Opinan sobre crisis de agua e intereses económicos
Lo que se inició como un problema de salud pública fue adquiriendo visos políticos

Milcíades Pinzón Rodríguez
Sociólogo y conservacionista

Mayín Correa
Periodista y exgobernadora
Eudocio Pérez
Alcalde de Los Santos
Ecos de un envenenamiento
Fue en el mes de julio cuando se registró el primer reporte de contaminación con atrazina en la zona.
Importancia del río La Villa Según el alcalde de Los Santos, Eudocio Pérez, la crisis del agua ha ayudado a que ahora haya más conciencia entre la población sobre la importancia que tiene para la península de Azuero el río La Villa. También se realizan monitoreos para medir la contaminación.
Temor invade a los tableños Desde julio, cuando el Ministerio de Salud confirmó la presencia de atrazina en el río La Villa, la población está temerosa de consumir el agua del grifo, prefieren tomar la embotellada.
Aunque las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y hasta el propio presidente Juan Carlos Varela han dicho que el agua en la península de Azuero es apta para el consumo humano, la gente no lo cree.
Y no se puede culpar a la población, porque ya han sido diversos derrames que se han dado en el río La Villa (principal fuente para suministrar agua potable a moradores de Azuero). Y a pesar de que el Minsa sigue con los monitoreos semanales, persiste la incertidumbre en la gente, explica el vocero de la Gobernación de la provincia de Los Santos, Héctor Martínez.
Aunque por años, la contaminación del río La Villa ha sido denunciada tanto por particulares como por grupos cívicos y ecologistas, la crisis tomó otros ribetes cuando el 2 de julio, el Gobierno le agregó un toque político, al responsabilizar en su momento a la empresa Campos de Pesé por los altos niveles de contaminación por atrazina. Luego remató con el anuncio de un estado de emergencia.
No obstante, el 8 de julio, el propio titular del Minsa, Javier Terrientes, confirmaba que el agua ya era apta para el consumo.
La alegría duró poco. El viernes 19 de septiembre, el Gobierno volvió a prohibir que 14 corregimientos de Herrera y Los Santos consumieran el agua de la red pública de tuberías.
¿Cuál fue la solución estatal? Destinar 50,000 cajas de botellas de agua para repartir entre la comunidad.
De a poco, el argumento de la responsabilidad exclusiva de Campos de Pesé (empresa que fuera pionera de la producción de etanol como combustible en Panamá) ya era puesto en duda.
Pero a solo horas del caos de aquel fin de semana, el domingo 21 de septiembre, el Gobierno volvió a informar que el agua de la planta potabilizadora Rufina Alfaro de La Villa de Los Santos sí se podía consumir.
Luego de estos sobresaltos, muchas personas han optado por seguir comprando agua embotellada o traerla de otros corregimientos que no están conectados a la planta potabilizadora, dice Martínez.
El funcionario reconoció que las carencias continúan. Y reveló que la gobernadora de la provincia, Gina Smith, ya ha solicitado a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), al Ministerio de Educación (Minsa) y a la propia Presidencia que se consiga equipamiento adecuado para el tratamiento del agua. Lo que queremos es un agua totalmente potable y, lastimosamente, nuestra planta tiene muchas carencias, concluyó Héctor Martínez.
Por lo pronto, ya se reorganizó el Comité de Cuenca del Río La Villa, conformado por los directores regionales del Idaan, Minsa, Anam y los gobernadores de Herrera y Los Santos.
Pero el sociólogo y conservacionista Milcíades Pinzón Rodríguez califica estas iniciativas como simples paliativos.
Pedimos un proyecto integral de desarrollo para el río La Villa y las cuencas que están en la parte alta, de donde viene la mayor cantidad de agua, afirmó.
Estructuras de poder
Pinzón Rodríguez no duda en señalar que la contaminación del río La Villa pasa por la expansión de la caña de azúcar. Y mientras no haya el interés real de limitar esta expansión, el problema seguirá, lamentó.
Pide regular el uso de agua de dos grandes compañías de la región: Nestlé y Varela Hermanos (Campos de Pesé estaba en el negocio, pero el Gobierno forzó su cierre).
Revela que estas empresas, históricamente, han tomado agua del río, pero sin un plan de prevención. Para colmo vierten sus desechos químicos al río. ¡Eso tiene que ser regulado!, insistió Pinzón Rodríguez.
Y reconoció que si bien el Gobierno dice que el nivel de partes por millón de atrazina ahora es menor, de todos modos sigue latente.
De forma tal que cuando llueve, la corriente arrastra la tierra de los cañaverales llena de sustancias químicas, que pasan al cauce del río, y al final afectan el agua para el consumo humano.
Finaliza advirtiendo que en el trasfondo están los fuerte poderes económicos que hay detrás de las compañías que dominan la industria de la caña.
El problema del río La Villa -más que ambiental- es político, por las influencias de estas grandes empresas. Por lo que estamos pidiendo una indemnización por los daños y gastos que nos han ocasionado, resumió Milcíades Pinzón.
Por su parte, el alcalde de Los Santos, Eudocio Pérez, se muestra más optimista: Colaboramos para que la gente pierda el temor de beber del grifo porque sentimos que lo que está en juego es la palabra del Estado. El máximo representante del Ejecutivo dice que el agua se puede tomar. Nosotros le creemos.
Pero reconoce que todavía hay temas pendientes, como regular las grandes porquerizas que contaminan las subcuencas del río La Villa. Y en lo de la atrazina, sigo pensando que no fue responsabilidad exclusiva de Campos de Pesé, dice el alcalde Pérez.
Se insistió en obtener la opinión del director regional del Idaan, Melquiades Zambrano, pero no respondió.