Claves
- El Capítulo III del Código Penal que se refiere al delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, en su artículo 167 establece que "quien, sin contar con la autorización de la autoridad judicial intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de grabaciones no dirigidas al público será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión”. El Ministerio Público no ha recibido denuncia sobre el caso.
La campaña política para el año 2014 está marcada desde ya por un nuevo elemento controversial. Se trata del espionaje descontrolado entre los propios candidatos rivales, a través de grabaciones, videos e interceptación de llamadas.
Es un problema fuera de control porque ahora no es solo el Gobierno el que tiene la capacidad para realizar estas escuchas telefónicas o pinchazos.
La tecnología disponible en el mercado hace muy fácil realizar estos trabajos para atacar políticamente a un candidato, fuera de lo que permite la Constitución de la República.
Incluso los costos son accesibles, al punto que un programa para interceptar llamadas de celulares puede costar entre mil y 2 mil 50 dólares en el mercado.
Solo en Albrook Mall existen al menos dos tiendas especializadas en vender equipos para espionaje como lo son grabadoras en forma de tomacorriente y lentes con videocámaras.
Roberto “Bobby” Velásquez y el diputado Raúl Pineda fueron los dos últimos políticos vinculados a grabaciones donde se tratan hechos de supuesto sicariato contra rivales políticos, compra de votos con dinero y droga. Velásquez terminó renunciando a su precandidatura a la Alcaldía de Panamá, luego de que se revelara la grabación donde supuestamente mandaba a golpear a su contrincante José Luis Fábrega.
Mientras el diputado Pineda niega que sea su voz en la grabación donde presuntamente se habla de compra de votos con droga en las pasadas elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Tras estos escándalos, algunos políticos han volteado sus ataques contra el Gobierno responsabilizándolo de estas grabaciones.
Ante estas incriminaciones el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, saltó en defensa y acusó al PRD de “corruptos, gángsters y traidores”. Henríquez mencionó que ese colectivo “es un partido de gángsters. Fue fundado como la careta de la dictadura militar y ellos siguen utilizando esas tácticas hasta el día de hoy entre ellos mismos”.
“Nosotros no necesitamos grabar nada. Ellos mismos se están grabando porque ellos mismos se están destruyendo internamente”, declaró el ministro de la Presidencia, tras las acusaciones de algunos miembros del PRD contra el Gobierno.
“En este partido se sigue viviendo la noche de los cuchillos largos, y todos están allí con la daga para clavársela al compañero en la espalda”, puntualizó.
Acceso tecnológico
Expertos en telecomunicaciones y exfuncionarios confirman que la capacidad de pinchar un teléfono celular o utilizar aparatos de espionaje ya no es una facilidad exclusiva de los estamentos de seguridad u ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, como lo establece la Constitución.
La Carta Magna en su artículo 29 sobre garantías fundamentales establece que “todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de la autoridad judicial”.
El director de la extinta Policía Técnica Judicial (DIJ) y viceministro de la Presidencia, Jaime Jácome, en la administración de Martín Torrijos lo sabe y de acuerdo a su experiencia dijo que durante su gestión las solicitudes de escuchas telefónicas se realizaban en estricto apego a la ley.
Jácome acepta que en los últimos cinco años han cambiado radicalmente las cosas sobre el particular. “Hay facilidades disponibles en el mercado que llevan a las personas a actuar al margen de la ley”, dijo.
El experto agregó que ante la nueva tecnología hay que tener cuidado.
“Solo eche un vistazo a las tecnologías incorporadas a los celulares y verá que indiscutiblemente hay que tener cuidado. Sobre lo que están haciendo los estamentos de seguridad del Estado o inteligencia sobre escuchas no lo sé, pero en materia de tecnología los sistemas, sí han cambiado radicalmente”, afirmó.
A la pregunta, ¿Quiénes pueden cometer este delito conforme a los tiempos? El doctor en derecho Ernesto Cedeño Alvarado respondió: “Cualquiera con la tecnología adecuada”.
Cedeño advierte que mientras se haga sin autorización judicial es una clara violación a las garantías fundamentales que produce efectos delictivos.
Pero remarcó que “el hecho de que la prueba de la grabación sea ilícita, en lo legal; no exonera al candidato afectado por la misma, por efectos de la ética, aclararle a los votantes, la veracidad o no del contenido de la grabación”.
Según Cedeño, la ciudadanía tiene el legítimo derecho de conocer la realidad que rodea a quienes optan por los cargos de elección popular, refiriéndose a los dos últimos casos donde aparecen involucrados Velásquez y Pineda.
En el grupo 360 S.A., empresa dedicada a equipos de seguridad, el dependiente Ricardo Almanza confirma que en el mercado hay infinidad de equipos yque se utilizan para intervenciones, pero en su caso solo la realizan bajo solicitud de orden judicial o del sistema de seguridad del Estado. “Esos trámites deben llevar el aval de una de las plataformas de las empresas telefónicas instaladas en Panamá, que son las que registran llamadas, y en caso de petición judicial se puede accesar”, dijo.
softwareEl general retirado Rubén Darío Paredes pidió al presidente Ricardo Martinelli mantenerse al margen de estas prácticas para evitar ataques innecesarios de parte de los opositores.
La inteligencia estatal
Los primeros aparatos de escuchas telefónicas que recibió Panamá fueron donados por Estados Unidos, en medio del proceso de estabilización de la democracia.
Fue esta la razón por la cual se rompió la alianza política del primer gobierno democrático posdictadura. “Yo descubrí que los democratacristianos me estaban espiando y los denuncié públicamente”, aseguró Guillermo Endara Galimany (q.e.p.d.) en 1991 mientras gobernaba.
En la administración de Mireya Moscoso, estalló el segundo escándalo por supuesto espionaje político al revelarse una lista con los números de teléfono de 117 políticos, funcionarios, periodistas y sindicalistas que supuestamente estaban interceptados por el Consejo de Seguridad.
Para entonces, Ramiro Jarvis, jefe del Consejo de Seguridad, aceptó que “sí había capacidad para interceptar teléfonos fijos, pero no para los celulares”.
Más tarde en la administración de Martín Torrijos se reestructuró el Consejo de Seguridad. La institución recibió por primera vez dos equipos con capacidad para interceptar llamadas de celulares, donados por Estados Unidos e Inglaterra.
Fue a través de esa donación, que se permitían las primeras intervenciones en teléfonos celulares a través de voz y mensajes de SMS. Detrás de esta donación por parte de Estados Unidos había una condición, y era mantener el control y supervisión por parte de la Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés).
La DEA pagaba a policías panameños por realizar escuchas telefónicas, según reportes de los cables entregados por Wikileaks a en 2010.
Panamá AméricaEste servicio era cuidadosamente seleccionado por la DEA. Los policías debían someterse al detector de mentiras para ofrecer el servicio.
