Las denuncias de corrupción, las protestas y cierres de calles dejan en evidencia una crisis de liderazgo y transparencia de altos funcionarios del Gobierno, que se agravó durante la última semana.
El escándalo más reciente de corrupción fue la vinculación de la firma Mossack Fonseca, del presidente encargado del Partido Panameñista, Ramón Fonseca Mora, quien además es consejero del gobernante, con un caso de blanqueo de capitales en Brasil.
A nivel del Ejecutivo, la lupa se posó sobre la denuncia de tráfico de influencia contra el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, quien defendió una transacción entre el Estado y la empresa Airco, cuyo gerente general es su yerno, Ricardo Moynes.
Las críticas contra Alemán también se dieron, luego de que catalogara las publicaciones en su contra como una campaña de los "esbirros" del expresidente Ricardo Martinelli.
Pero este no es el único caso en el que se cuestiona a un miembro del Gabinete.
La opinión pública arremetió contra el titular del Ministerio de Vivienda, Mario Etchelecu, tras conocerse que se habían otorgado 72 compras directas, a través del PAN, para construir casas de interés popular dentro del programa Techos de Esperanza.
Sumado a supuestos actos de corrupción, se critican decisiones del Gobierno.
Incluso, en este caso, la zarina anticorrupción, Angélica Maytín, denunció la existencia de fraccionamiento de cuentas, lo que viola la legislación actual.
El caso llevó a que se abriera una investigación de oficio por parte del Ministerio Público.
Ante este panorama, el procurador de la administración, Rigoberto González, pidió el cierre del PAN, hoy llamado Dirección de Asistencia Social (DAS).
Salud
Otra alta figura del Gobierno que también está en la palestra es el ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, a quien se denunció públicamente por haber realizado seis compras fraccionadas con la empresa Pumper S.A. por la suma de 2.7 millones de dólares, que fueron aprobadas en un solo día. Cada contrato fue por 462 mil 240 dólares.
La adquisición fue para la recolección, transporte y depósito final de desechos peligrosos en los hospitales públicos Nicolás Solano, de La Chorrera; Instituto Oncológico Nacional; San Miguel Arcángel; 24 de Diciembre; Santo Tomás y del Niño.
Educación
Por su parte, un escándalo sacudió al Ministerio de Educación (Meduca), lo que llevó a destituciones.
Entre las personas despedidas están Ivanessa Mojica González, directora administrativa; Próspero Carrión, jefe de Compras; los integrantes de la Dirección Nacional Curricular y otro grupo de funcionarios relacionados con los procesos de compra de la entidad.
El jefe del Departamento Legal del Meduca, Luis Cedeño Merel, tuvo que renunciar.
La red controlaba licitaciones públicas y compras directas, y trascendió que la titular del ramo, Marcela Paredes, podría ser enviada al servicio exterior en un cargo diplomático, tras este escándalo.
Agro
En tanto, los productores agropecuarios de tierras altas, como medida de presión ante las importaciones, decretaron un boicot y no enviaron sus cosechas al Mercado de Abastos de la capital.
Tras un paro de dos días, el Gobierno y los agricultores acordaron suspender las importaciones por 60 días, sin embargo, falta por saber qué sucederá cuando se cumpla ese plazo.
Ambiente
En el caso de la sequía y la llegada de los Carnavales, la próxima semana, el Gobierno se niega a suspender esas fiestas por la falta de agua, decisión que es criticada por varios sectores.
Varela es accionista de la empresa Seco Herrerano S.A., que también controla el famoso Pub Herrerano, que recibe ingresos cuantiosos para estas fechas, los cuales se perderían si los culecos o Carnavales son suspendidos.
El Ministerio de Ambiente, a cargo de Mirei Endara, aseguró que en Panamá hay mucha agua y autorizó extraerla de unos 20 ríos para los culecos.
Sectores de la sociedad criticaron que dentro del Gobierno prevalezca el interés económico.
Denuncias entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ponen en tela de duda sus decisiones
Otro de los puntos criticados en este gobierno es la crisis en el sistema judicial, las acusaciones de intervencionismo del Ejecutivo en decisiones de este órgano del Estado y la pelea que mantienen cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): José Ayú
Prado, Hernán De León, Luis Ramón Fábrega y Harry Díaz.
Tras la reelección de Ayú Prado como presidente de la CSJ, Díaz concedió una entrevista a Telemetro, en la cual denunció presuntos actos de corrupción.
Como respuesta, los tres magistrados denunciaron a Díaz ante la Comisión Legislativa de Credenciales, sin embargo, el presidente de esta instancia, Jorge Iván Arrocha, dijo que el documento no cumplía con los requisitos legales para ser tramitado.
Esta situación originó que se realizaran piquetes en las escalinatas del palacio Gil Ponce, por parte de sectores de la sociedad civil, para pedir la renuncia de los magistrados de la máxima corporación de justicia.
Mientras ocurría esto, la defensa del exmandatario Ricardo Martinelli acusó al poder judicial de intentar levantar su deteriorada imagen con una audiencia contra el dirigente político, relacionada con la compra de comida deshidratada del PAN.
Rogelio Cruz, uno de los abogados, dijo que los magistrados intentan desviar la atención con su cliente ante los casos de corrupción internos.
Compras
3.7 millones de dólares en tres contrataciones beneficiaron a una sola empresa en el PAN.
4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia se acusan de corrupción.
