Gobierno enfrentaría barrera legal con las exigencias de taxistas
Por tercer día consecutivo, los transportistas y el Ejecutivo continuarán analizando la posibilidad de derogar el Decreto 331 y la prohibición del cobro en efectivo de las plataformas digitales.
La mesa de diálogo entre el Ejecutivo y los transportistas fue instalada el miércoles 19 de febrero, en la Presidencia. Foto: Cortesía
El Órgano Ejecutivo enfrenta un problema ante el panorama legal que podría surgir, por la solicitud de los transportistas de derogar el Decreto Ejecutivo 331.
Mediante esta normativa se reglamenta el servicio de transporte de lujo a través de la tecnología de la información y comunicación, el cual solo podría ser derogado mediante otro decreto, que también estaría propenso a una demanda de inconstitucionalidad.
En este sentido, el catedrático en Derecho, Raúl González, destacó que cualquiera persona frente a lo que considere como una norma de carácter inconstitucional puede interponer el recurso, sin embargo, no significa que automáticamente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo tenga que declarar, ya que es una iniciativa y la Corte tiene la decisión de declarar inconstitucional o no.
En diciembre de 2017, la Asociación de Consumidores Libres interpuso una demanda de nulidad contra algunos artículos del decreto.
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Dos años después de interpuesta la demanda, la Corte declaró como nula la prohibición del cobro en efectivo y la limitación geográfica de las plataformas digitales, decisión que es definitiva y de obligatorio cumplimiento, por lo tanto el Ejecutivo tiene el deber de respetar ese fallo.
Ante el conocimiento de la posición de la CSJ, el pasado 2 de enero, la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) y el Consejo de Transporte del Interior (Cotradin), interpusieron un recurso de aclaración de sentencia, que aún no ha sido admitido.
Este recurso fue interpuesto el 13 de enero y ha postergado la promulgación en Gaceta Oficial del fallo de la CSJ, hasta que se tramite el recurso interpuesto, que no cambia la decisión de la Corte, sino que aclara el contenido del fallo.
Por otra parte, si se deroga el Decreto 331, representaría un dilatado proceso, debido a que la Corte tiene una moratoria en la resolución de casos. Además, sería un mal precedente para el Ejecutivo.
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González considera que sería nefasto para el Gobierno tratar de desconocer lo que ya la Corte reconoció como inconstitucional.
Mesa de diálogoAyer, por un lapso de cerca de cinco horas, se llevó por segundo día consecutivo la mesa de diálogo entre el Gobierno y los transportistas.
No obstante, los conductores de plataformas digitales y usuarios, no han tenido representación en la mesa de diálogo.
Para hoy, se espera que los transportistas y las autoridades gubernamentales se vuelvan a reunir en el palacio presidencial.
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Además, se contará con la participación de representantes de los dueños de las plataformas digitales, aseguró Jaime Abrahams, presidente de Cotradin.
En tanto, el presidente de Canatra, Martín Franco, explicó que hay positivismo de ambas partes, por lo que hizo un llamado de atención a los transportistas que operan en la ciudad, para que se mejore la calidad del servicio, mediante el cambio de actitud, mentalidad y comportamiento.
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