Gobierno cede a presiones de transportistas: Uber y otras plataformas no podrán cobrar en efectivo

Representantes del Gobierno Nacional y dirigentes transportistas lograron un acuerdo este martes sobre el funcionamiento en Panamá de plataformas tecnológicas como Uber y Cabify.

Las partes acordaron instalar una mesa de trabajo, donde entre otros puntos  se debatirá el no permitir el cobro en efectivo a ningún vehículo despachado por plataformas de transporte.

También se analizará la solicitud de derogación del Decreto 331, que reglamenta el servicio de transporte de lujo ofrecido a través de las tecnologías por parte de una Comisión conformada por el Ministerio de Comercio e Industria, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Turismo, Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Defensoría del Pueblo, representantes del sector transporte y empresas, dueños o gerentes de plataformas.

No se permitirá la implementación de las plataformas de transporte en el resto del país, así como no se generará por parte del Ejecutivo ninguna ley que reforme las leyes de transporte existente, sin consultas necesarias para ese fin, son otros de los aspectos que se analizarán.

Además se revisarán los problemas integrales del transporte, la tarifa y se realizará una evaluación de financiamientos blandos para los transportistas.

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De igual forma  se procederá a la firma de contratos de concesiones a las empresas que cumplan con los requisitos pertinentes.

La instalación de la mesa de trabajo se realizará este miércoles 19 de febrero a las 9:00 a.m., con 10 representantes de la Canatra y 10 de Cotradin, a parte de los asesores legales.

Los transportistas han mostrado su rechazo a la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró nulas por ilegales la prohibición del pago en efectivo, así como las restricciones geográfica para dichas aplicaciones ante lo cual han realizado múltiples protestas.

La dirigencia transportista, además  solicitó  el retiro de la iniciativa de ley que busca regular el servicio de transporte selectivo mediante el uso de plataformas tecnológicas de la información y comunicación, presentado por el diputado Víctor Castillo.

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