- 53 albergues en el país se ocupan de 1,147 menores en riesgo social.
Ayuda estatal, a la orden del día
- Los nuevos subsidios anunciados por el Gobierno no han tomado en consideración a los menores huérfanos o en riesgo social.
Opinan sobre un mayor apoyo a los albergues
- Reconocen la labor que realizan, pero no hay un proyecto en firme para aumentar subsidio estatal
- Adolfo Valderrama - Presidente de la Asamblea: No he visto la solicitud de Aldeas Infantiles SOS Panamá en la que plantean la necesidad de mayor apoyo económico. Sé que reciben apoyo no solo del Gobierno, sino de empresarios. En todo caso, creo que la inversión estatal en organizaciones como estas se hace prudente, porque cumplen un rol social muy importante.
- Idalia Martínez - Directora de la Senniaf: Se entendería que al solicitar un aumento de subsidio es porque esta institución -la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia- previamente calificó como “excelente” la labor de determinado albergue que estuviera pidiendo el subsidio. El Estado no se desentiende de los menores; fiscalizamos los albergues.
- Ana Matilde Gómez - Diputada Comisión de Niñez: No conozco el detalle de la solicitud de aumento de apoyo de Aldeas Infantiles SOS, pero creo que lo primero sería estudiar la vialidad presupuestaria para este o cualquier otro aumento de subsidio estatal. Pero en principio, yo estaría a favor de que se les dé el apoyo necesario a los albergues. Hacen una gran labor.
La señal de socorro más utilizada internacionalmente es SOS. Curiosamente, aunque esta aparece en el nombre oficial de la organización internacional Aldeas Infantiles (que ofrece familias a niños en riesgo social), ahora es el propio capítulo panameño de esta ONG el que envía la petición de ayuda... solicitud que por el momento parece caer en oídos sordos.
Los números en rojo de Aldeas Infantiles SOS Panamá se deben al trastoque del modelo de funcionamiento de esta organización, que se fondea principalmente con donantes privados de países de Europa.
Y la crisis económica en este continente ya provocó la reducción de más de $100 millones, solo para las sedes de Aldeas Infantiles de América Latina. En el caso de Panamá, se ordenó el recorte de $1 millón para el año en curso, medida que se repetirá para 2015.
Pero el recorte de $1 millón supone un golpe nefasto para las finanzas de Aldeas Infantiles SOS Panamá, que requiere de un presupuesto de funcionamiento de $2.3 millones al año.
Estos recortes ya provocaron cierre de sedes de la región, pero en Panamá, Aldeas Infantiles ha hecho malabares financieros, logrando mantener a flote sus cuatro sedes (Panamá, Colón, David y Penonomé).
Del Gobierno solo reciben $71,000 al año, lo cual es insuficiente para cubrir la manutención de 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo.
Sin respuesta
La solicitud concreta es que el Gobierno aumente -y que lo haga por ley- el apoyo que brinda a los albergues.
“Le hemos enviado solicitud de apoyo a la primera dama, que aunque ya nos visitó, seguimos esperando su respuesta. También hemos enviado cartas al ministro Alcibiades Vásquez, del Ministerio de Desarrollo Social, así como a los diputados Adolfo Valderrama, Ana Matilde Gómez y Rosa Canto, pero sin respuesta”, indicó Domingo Barrios, presidente de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS Panamá.
Al respecto, este diario consultó al presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo “Beby” Valderrama, y a la diputada independiente Ana Matilde Gómez y ambos negaron haber visto la solicitud, aunque se mostraron a favor de un mayor apoyo estatal, en la eventualidad de un proyecto que lo plasme.
También se intentó en reiteradas ocasiones obtener la posición sobre esta solicitud de la diputada del PRD Rosa Canto, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, pero no se obtuvo respuesta.
Vacío legal
Pero según Domingo Barrios, este no es un tema de filantropía, sino de legislación. “En Panamá no existe una ley que adjudique un subsidio a estos menores en riesgo”, afirmó Barrios.
Según el presidente de Aldeas Infantiles SOS Panamá, en nuestro país el Estado -por medio de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)- retira a los menores en riesgo, quitándoles a sus familias la “guardia potestad” ya sea por abuso, maltrato, pobreza u orfandad.
“Pero al retirarlo el Estado entrega al menor a una ONG y después se lava las manos. Es decir, ese niño no va con un subsidio, no va con el pan bajo el brazo. Lo entregan sin recursos para cuidarlo”, denunció Domingo Barrios.
Agregó que en países como Costa Rica o República Dominicana también se cuenta con el apoyo de ONG para el cuidado de menores en riesgo, pero el Estado cubre el costo de la manutención.
“Lo que pasa acá es que Aldeas SOS ha subsidiado al Gobierno por 35 años, colaborando en algo que es su responsabilidad. Ya es momento de que el Gobierno subsidie a Aldeas y a todas las ONG que se ocupan de estos niños”, dijo Barrios.
Pero Idalia Martínez, directora general de la Senniaf, tiene otra lectura. “No lo veo como colaborar con el Estado. Creo que es parte de una responsabilidad compartida. Como sociedad, todos somos responsables del problema que puedan presentar estos niños y niñas y adolescentes... algo hemos hecho mal para que estén así”, recordó Martínez.
En lo que va del año, solo la Senniaf ha identificado 1,516 casos de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo social.
Más subsidios en supuesta época de austeridad
Los criterios para subsidios han sido contradictorios al inicio de la administración Varela. Mientras, por un lado se habla de recortes a subsidios (como el de la electricidad) con el argumento de la “falta de fondos”, por otro lado, se oficializan compensaciones polémicas, como la de los molineros, secuela de la implementación del Control de Precio, que ha afectado a los arroceros.
Según el propio ministro de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, en el rubro del arroz el Estado podría desembolsar, de aquí a diciembre, $20 millones.
Previo a esto, el Gobierno ya había anunciado dos emblemáticos aumentos de subsidios estatales: el de la Beca Universal y el del programa $100 a los 70, que pasó a ser $120 a los 65.
Solo en este último aporte para personas en situación de pobreza y sin jubilación, el Estado tendrá que pagar $170 millones.
Y el aumento de la Beca Universal (de $30 para estudiantes de primaria, $40 para premedia y $50 para los de media) costará a las arcas del Estado $201 millones.
Y en la recién concluida Expo Hábitat, el presidente Juan Carlos Varela anunció que aumentará de $5,000 a $10,000 el subsidio que otorga el Estado para las viviendas de bajo costo.
Y ya toma fuerza un proyecto de ley que crearía un subsidio de $480 para embarazadas que no gozan de los beneficios del programa de maternidad de la Caja de Seguro Social.
La pregunta es: ¿Y qué dice el Gobierno del subsidio para menores en riesgo social?
