Gobierno obvia el contrato y decide premiar a Mi Bus

A cero kilómetros se redujo la velocidad del proceso de modernización del sistema de transporte público que se inició en 2010. El gobierno del “Pueblo Primero” optó por abortar una primera opción relacionada con la renegociación del contrato para mejorar el servicio y prefirió llegar a un “mutuo acuerdo” con la empresa Mi Bus.

La figura, que no aparece en el contrato 21-10 de agosto de 2010, representaría para el Estado un gasto adicional que los expertos pronostican en más de $500 millones. La decisión enterraría la inversión de más de $400 millones que hizo la administración anterior para echar andar el proyecto en adjudicación del contrato, compensación y construcción de infraestructuras.

Hasta ayer, el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, desconocía la figura legal que se utilizaría para dar fin al contrato. Solo se limitó a decir que estaban en negociaciones.

Sin embargo, a la par de sus declaraciones, la oficina de prensa del Ministerio de Gobierno hacía público el primer acercamiento del premier con los trabajadores de Mi Bus, como parte del “proceso de transición de la empresa al Estado”.

Allí, Henríquez sustentó las razones de que el sistema de transporte pase a manos del Estado. También garantizó y condicionó la estabilidad laboral de los trabajadores de la empresa.

“Ustedes deben saber que no hay suficientes autobuses en la operación de Mi Bus, eso no significa que habrá una reducción, sino que habrá un aumento de las necesidades de personal y que todo aquel que lo está haciendo bien, tiene un trabajo asegurado”, le conversó Henríquez a un grupo de trabajadores, donde además participaron el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Julio González, y directivos de la empresa.

Simultáneamente, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, hacía lo propio, pero en Estados Unidos. En compañía del secretario ejecutivo del Metro, Roberto Roy, el mandatario realiza gestiones de asistencia técnica y cooperación con expertos de la Autoridad Metropolitana de Transporte Rápido de Atlanta.

Mientras se dan los pasos para concretar la pretensión y se define un valor consensuado del monto que compensar, hay quienes creen que las autoridades están ignorando el contrato vigente, en cuanto a la figura que se debería utilizar para dar por terminada la relación contractual, para beneficiar a la empresa.

El abogado Víctor Martínez, con tres denuncias de nulidad del contrato ante la Corte Suprema de Justicia, fue el primero en interpretar que la iniciativa tiene tendencia a favorecer económicamente a la compañía sin considerar que fue la causante de que miles de usuarios desmejoraran su calidad de vida y se fortaleciera la piratería.

El contrato 21-10, en la trigésima cláusula, define dos métodos para la terminación del contrato: resolución administrativa y rescate administrativo.

La primera opción define 12 causales y a través de las formalidades contempladas en la Ley 22 de 2006 se garantiza la continuidad del servicio.

En la segunda opción, y según se estableció en el pliego de cargos, “si el rescate administrativo ocurriese durante la etapa de operación, la suma que represente el valor presente neto a la fecha del rescate del monto de la inversión realizada pendiente de amortización, más los intereses causados y el importe de la tasa de rendimiento esperada del proyecto en cuanto al cobro de la tarifa, calculada sobre la totalidad del periodo de operación, como si no hubiera ocurrido el rescate administrativo”.

A esta figura considera el abogado Ernesto Cedeño se acerca la negociación entre el Estado y la empresa. Considerando que Henríquez habla de “encontrar un valor adecuado a compensar”, Cedeño es del concepto que “si resolvías el contrato, no estabas obligado a indemnizar y lo podías resolver invocando mala prestación del servicio. Creo que la figura que se está ensayando es el mutuo acuerdo”, dijo.

Con la ausencia del contenido del acuerdo cuestiona el abogado que “no sabemos cómo va a operar la nacionalización del servicio, pues no tenemos experiencia en este sentido, como administrador”.

De inclinarse el Gobierno por el rescate administrativo, el Estado tendrá que asumir el costo-ganancia de los próximos 12 años que aún están vigentes del contrato. “Se trata de una millonaria inversión a compensar a una empresa que solo vino a ocasionar problemas y presentar excusas para cumplir con el acuerdo”, comenta Martínez.

A modo de explicación, el abogado presenta nexos que pudieran explicar la intención de “premiar” a la empresa. Mi Bus es el resultado del consorcio Transporte Masivo de Panamá, integrado por las empresas Fanalca S.A., de capital colombiano, y Felgate Enterprises S.A., de capital panameño.

En esta última empresa aparece, según consta en el Registro Público, Guillermo Henne Motta como presidente de la sociedad, quien además fungió como representante legal por parte de la empresa en la firma del contrato 21-10. En el gobierno del “Pueblo Primero”, la influencia de la familia Motta responde a compromisos electorales por ser una de las mayores donantes durante la campaña.

“Es una lástima que en vez de exigir el cumplimiento del contrato y la disolución del mismo, se vayan por una decisión de indemnización”, comparte el exdirector de la ATTT Roberto Moreno. Duda que el Estado alcance el objetivo de establecer un servicio de calidad a través de una empresa pública sin reglas claras y que los trabajadores acepten trabajar para el Estado sin leyes que los protejan.

Para el exdirigente transportista Dionel Broce, “ni el mejor mago del mundo podrá arreglar un problema de esta magnitud”. Según dijo, ya hay antecedentes gubernamentales con resultados fracasados.

El exdirector de la ATTT Carlos Harris plantea como única fórmula que se acerque al objetivo que “se deroguen todas las leyes de tránsito y se redacte un nuevo documento que le ponga freno a los transportistas. Es necesario agarrar ese toro por el cacho. Ningún gobierno ha podido corregir el problema”.

---

---