Panamá
La institución contabilizó 80 las personas que recibieron atención en hospitales públicos por causa de las protestas, entre estas una policía y un herido de bala.
Las protestas se extendieron por todo el mes de julio, en todo el país. Foto: Archivo
Hasta 23 protestas se dieron en un día por la misma causa en el mes de julio, cuando se produjo un estallido social por el alto costo de la vida, que la Defensoría del Pueblo llamó “Conmoción Social”.
En un informe sobre lo ocurrido el pasado mes, el cual fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Defensoría del Pueblo constató que el 92% de estos hechos fue pacífico, mientras que en el resto hubo altercados.
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Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, como forma de resumir lo acontecido a nivel nacional, dijo que el mensaje que deja esta jornada histórica de protestas es que es necesario realizar ajustes, un giro de timón y que el Gobierno y los que le sucedan presten atención inmediata a esos llamados sociales.
Esto, para garantizar a la población, el goce de derechos humanos indispensables como acceso a agua, educación, salud y otros, sin que se vean vulnerados por situaciones como las que desencadenaron el estallido social, que guardan relación con el encarecimiento de la vida.
Las protestas ocasionaron que 80 personas recibieran atención médica, por diversos motivos, incluyendo un herido de bala en el brazo y una policía que fue retenida por los manifestantes, en Santiago.
Para dispersar las manifestaciones, la Defensoría del Pueblo confirmó que las unidades policiales utilizaron bombas lacrimógenas, balas de goma y armas de fuego, como se observa en videos reproducido en redes sociales. Además, también hubo amenazas por parte de uniformados.
La entidad abrió quejas colectivas por diversos incidentes ocurridos durante las protestas como el atropello de un manifestante en Horconcitos (Chiriquí), un incidente escenificado en San Félix, los enfrentamientos en el puente sobre el río David y los disturbios del 19 de julio en Santiago.
También, los enfrentamientos en la Universidad de Panamá, cuando una joven quedó afectada por los gases y seguía siendo atacada por los antimotines; un incidente en la Cinta Costera y los hechos del puente sobre el río Pacora, que están relacionados a una riña tumultuaria.
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Leblanc expresó que se le envió una nota al gobernador de Veraguas para que responda por los hechos del 19 de julio, ya que a pesar de que como autoridad puede ordenar a la policía a que disperse las protestas, tiene que responder por las consecuencias de la acción de los antimotines.
Por otra parte, el Ombudsman llamó la atención sobre la presencia de menores de edad en la mitad de las protestas realizadas.
“La calle jamás será un lugar seguro para los niños”, planteó el funcionario, al llamarle la atención a los padres de estas criaturas, que en su mayoría eran indígenas.
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