A pesar de que durante su campaña, el presidente Juan Carlos Varela prometió respeto a la libertad de expresión desde sus primeros meses de gestión, tanto él como su esposa, Lorena Castillo, han estado involucrados en actos que atentan contra este derecho humano.
“Les doy la bienvenida a un país donde se ha instalado un gobierno defensor de la libertad de expresión”, estas fueron las primeras palabras del mandatario durante la inauguración de la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se llevó a cabo en marzo de este año, palabras que se quedaron escritas en papel, lejos de ponerse en práctica.
Al cumplirse el primer año de esta administración, Varela, en su discurso, le reiteró al pueblo que Panamá cuenta con un gobierno comprometido con la transparencia, respetuoso de la separación de poderes, la libertad de expresión y los derechos humanos.
Más palabras que quedan bajo la sombra de los diferentes hechos con los que se ha atentado contra la libertad de expresión.
Algunos de estos incidentes en los que el Gobierno ha tratado de callar a comunicadores incluyen la detención preventiva del periodista Julio Miller el pasado 12 de agosto, a quien se le acusó de supuesto lavado de dinero; el 10 de agosto de 2015, la periodista Carmen Boyd fue víctima de vandalismo, ella culpó al actual gobierno de este acto e hizo responsable a los miembros del Consejo de Seguridad de cualquier cosa que le suceda. El hostigamiento por parte de unidades del SPI el 3 de enero de 2015 contra el periodista Luis Batista, del diario Crítica, fue otro de los incidentes de este tipo.
Estos casos, sin duda, reflejan y generan intranquilidad a los periodistas panameños.
El secretario general del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, sin detallar casos, confirmó que ya se han presentado más de 20 quejas, algunas de las cuales involucran a personeros del gobierno de Varela.
Blanca Gómez, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), incluso recordó el incidente que se dio entre el periodista Roberto Rodríguez, de Medcom (corresponsal en Azuero), y el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, que no fue precisamente durante sus funciones como ministro de Estado, sino en una convención del Partido Popular (PP), pero de igual manera tienen que salir al frente para rechazar estos actos, ya que Rodríguez fue sacado del salón, cuando había sido invitado a la cobertura.
“Nosotros hemos sido muy reiterativos en que no vamos a estar permitiendo que de ninguna manera se le coarte el derecho al ejercicio de la profesión a ninguno de los colegas, sea del medio que sea”, sentenció.
Otro de los casos que recordó Gómez fue entre la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maytín, quien también entró en descalificativos contra la periodista Lucy Garcés, del diario Metro Libre, el cual le cuestionaba el sinnúmero de viajes que había realizado.
En este incidente, Conape solicitó que Maytín fuera citada ante el gremio para que explicara frente a todos sus argumentos.
“Aquí dejamos claramente establecido que ella (Maytín) tiene que entender que el papel de todo funcionario es presentar los informes de rigor a todos los medios de comunicación de este país”, aclaró.
Bloqueo en Twitter
Desde unos días antes de las elecciones presidenciales de mayo de 2014, la hoy primera dama, Lorena Castillo de Varela, bloqueó al diario Panamá América en su cuenta de Twitter, negándonos ver información que nos pueden ayudar a generar notas, actitud que fue deplorada por periodistas.
La periodista Carmen Boyd, dirigente del Movimiento de Destituidos por Varela, asegura que estas personalidades se deben al pueblo, y recordó también que la primera dama es, ante todo, periodista, por lo que cree que se pasó un poco al bloquear a colegas y medios de comunicación.
Considera que en otra circunstancia es libre de decidir si bloquea o no a alguien, pero aquí ella está representado la figura de la primera dama de la República, por lo cual tiene que jugar un rol de mediadora, facilitadora, una figura armoniosa, y no ponerse a confrontar y crear más “ronchas”, algo que ella como comunicadora social debe tener muy claro.
“Yo respeto la forma de pensar de ella, aunque no la comparto, yo creo que uno debe ser tolerante, aunque no comprendamos o no entendamos las posiciones de los otros”, señaló.
Agregó que al final del camino, una vez que pasen los cinco años, ella volverá a ser comunicadora y posiblemente regrese al medio donde estaba.
Mientras, Blanca Gómez, del Conape, instó a la primera dama a que desbloquee a este medio de comunicación y a los otros colegas que podría tener en la misma situación.
“A veces nosotros somos atacados de manera injusta y hasta por los colegas, pero no por eso vamos a bloquear, no lo vamos a hacer porque, indistintamente, cuando estás al frente de posiciones como esta, tienes que entender que adquieres un papel que jugar y la responsabilidad que se tiene con todo el país”.
Boyd mostró su preocupación ante la persecución hacia los periodistas, como es el caso de Julio Miller y otros colegas que han sido amedrentados y amenazados.
“Yo veo con preocupación el tema porque estamos hablando de un presidente al que vi en las calles y estuve con él haciendo su lucha por la libertad, la justicia y la democracia, pero hoy por hoy, tras haber alcanzado la alta magistratura, pareciera haberse olvidado del derecho que tenemos todos los panameños de expresarnos libremente”, puntualizó Boyd.
Repudian persecución de la actual administración a periodistas
Tras el robo de documentos y vandalismo a su auto, la periodista Carmen Boyd, dirigente del Movimiento de Destituidos por Varela, fue respaldada en las redes sociales por colegas de medios escritos, radiales y televisivos.
Otro periodista que recibe un gran apoyo de todos los sectores, Julio Miller, a quien, tras su encarcelación, miembros del Colegio de Abogados, comunicadores, Conape, diputados, exgobernadora y exprocurador, entre otros, le han extendido una voz de aliento, se le impuso una de las medidas cautelares más severas.
Ejecutivo no puede inmiscuirse en el Legislativo para bajar anteproyecto
El Colegio Nacional de Periodistas (Conape) dejó claro que el Ejecutivo no puede inmiscuirse en el Legislativo para pedirle que baje el anteproyecto que reglamenta la carrera profesional del periodista en Panamá.
Blanca Gómez, presidenta de este gremio, aseguró que están dispuestos a luchar por este proyecto.
“Si no se permite la discusión en primer debate de este anteproyecto, se estaría coartando la libertad de expresión. El no discutirlo es cercenarnos el derecho a debatir”, agregó.
La periodista y dirigente del Movimiento de Destituidos por Varela, Carmen Boyd, fue más realista y aseguró que ve muy difícil que esta iniciativa sea aprobada. “Vemos un ministro de la Presidencia que evidentemente mandó su línea que no estaba de acuerdo con ningún tipo de reglamentación”.
Explicó que lo que ocurre es que hay intereses creados, porque muchos de los que están en el Gobierno forman parte de medios de comunicación o sus amigos son dueños, y estos no quieren mejorar la situación económica de los trabajadores.
“Hay periodistas que reciben un salario de hambre”, argumentó Boyd.
