La nueva legislación sobre bienes cautelados se aplica en países vecinos como México, Colombia y, recientemente, desde el año 2010, en Honduras y Guatemala.
La procuradora general, Ana Belfon, en la exposición de motivo del proyecto de ley, dijo que nuestro país debe adoptar con urgencia esta norma.
Sustenta que sería una manera de integrarse a la lucha que a nivel internacional se está librando contra el crimen organizado.
La medida no solo busca despojarle de los cuantiosos e injustificados bienes materiales a estos grupos, sino que los fondos que de ellos se adquieran podrían ser utilizados en la lucha contra estas actividades delictivas y en programas de prevención contra el consumo de drogas.
Además, propone la creación de una jurisdicción nueva dentro el Código Judicial que sería conocida como extinción de dominio, la cual podría darse de manera paralela al proceso penal que se le siga a una persona vinculada, por ejemplo, a un caso de lavado de dinero por tráfico de droga o actos de corrupción.
Sustentó la procuradora que el juez podrá anticiparse sobre el destino de los bienes de una persona que sea investigada por un delito relacionado con el crimen organizado, respetando el debido proceso que se debe seguir dentro de una investigación sumarial.
Es un mecanismo de acción que pretende tener el Ministerio Público, según Belfon, para combatir las actividades relacionadas con el narcotráfico en sus diversas modalidades, delitos graves, así como otros propios del crimen organizado.
La extinción de dominio de bienes de origen ilícito constituye un instituto jurídico, autónomo de cualquier otro proceso, dirigido a reducir la capacidad económica de la delincuencia.
