La administración de justicia está siendo controlada por seudomovimientos de la sociedad civil que son financiados por empresarios que fueron obligados a pagar impuestos en el gobierno anterior.
A esa conclusión llegó el expresidente Ricardo Martinelli, quien en su cuenta de Twitter expresó que esta situación hará fracasar la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

La reacción de Martinelli surge por la forma equivocada como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están interpretando las disposiciones del Código de Procedimientos Penales para martirizarlo.
Dijo Martinelli que es el resultado de un linchamiento mediático orquestado por quienes en su gobierno tuvieron que pagar impuestos.

En su cuenta de Twitter, Martinelli presenta una declaración a un diario de la localidad del expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien aseguró que si en el gobierno de Martinelli se realizaron espionajes telefónicos de manera ilegal, Varela también tenía responsabilidad en ello.
La reacción de Martinelli surge tras recientes declaraciones de autoridades de la administración de justicia, quienes han admitido haber recibido controles por parte de agrupaciones de la sociedad civil.
Esto ha provocado, en algunos casos, que se hayan cambiado decisiones tomadas por estas entidades de justicia.
La primera en admitirlo fue la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, quien en una entrevista televisada confesó haber recibido controles por parte de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, conglomerado de agrupaciones que incluye al Movimiento Independiente (Movin).
Ayú Prado fue removido como juez de garantías en un proceso contra Martinelli
Este movimiento impulsó la separación del presidente de la Corte, José Ayú Prado, como juez de garantías en la investigación contra Ricardo Martinelli por el escándalo de la casa de valores Financial Pacific.
En su momento, Ayú Prado había manifestado por escrito y en declaración a los medios que jurídicamente no había nada que le impidiera asumir el cargo de juez de garantías en esta investigación.
Sin embargo, luego de una reunión que sostuvieran con miembros del Movin, su discurso cambió, al tiempo que se mostró a favor de que se rectificara la decisión del pleno de la Corte que lo facultaba como juez de garantías.
Una semana después del 2 de octubre, cuando se dio la reunión entre magistrados de la Corte Suprema con integrantes del Movin, el Pleno cambió su decisión y facultó al magistrado suplente Luis Mario Carrasco como nuevo juez de garantías en dicho expediente.
En medio de esta coyuntura, el presidente Juan Carlos Varela anunció el procedimiento para la escogencia de tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Estos sustituirán a Alejandro Moncada Luna, separado en marzo, a Harley Mitchell, a quien se le vence el periodo, y a Nelly Cedeño, quien fue facultada por el pleno de la Corte para asumir las funciones de Víctor Benavides, quien renunció en junio y a quien se le vencía el periodo al concluir el año.
Movin será el primer filtro para la designación de los nuevos magistrados.
El mismo día que Varela hacía este anuncio, circulaba por las redes sociales una fotografía en la que aparece conversando con el empresario Stanley Motta, reconocido por ser uno de los mayores donantes de la campaña electoral del mandatario.
Además, aparece en la foto Alfredo Motta, reconocido ante la opinión pública por formar parte de los voceros del Movin.
Varela reveló la metodología para la escogencia de los magistrados y reconoció que Movin, como organización de la sociedad civil, será el primer filtro para que seleccione una lista de diez aspirantes.
Este grupo será el que analizará el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, para que surjan los nombres de los tres magistrados, quienes deberán ser ratificados en la Asamblea Nacional.
Para el abogado y exviceministro de Gobierno y Justicia Alejandro Pérez, esta metodología, más que indebida, es ilegal.
A juicio de Pérez, el hecho de que Movin intervenga en la escogencia de los nuevos magistrados de la Corte es una intromisión de la política partidista en la administración de justicia.
Argumenta estas aseveraciones al señalar que Movin es una agrupación que surgió en la pasada contienda electoral, cuando se mostraron como un grupo independiente que apoyaba la candidatura de Varela.
"Movin ha pasado de ser una agrupación de la sociedad civil a ser una organización que presiona a magistrados y jueces", aseveró Pérez.
Los señalamientos del jurista surgen luego de que en medios impresos aparecieran declaraciones de directivos de Movin, quienes exigían al magistrado Jerónimo Mejía que estableciera una fecha de audiencia de acusación en el caso de las comidas deshidratadas adquiridas por el PAN, contra el expresidente Ricardo Martinelli.
"Los magistrados y los jueces responden a su autonomía y no deben tener reverencia con nadie", dijo Pérez, que considera que en los medios de comunicación se ha reflejado la injerencia dramática de estas agrupaciones en la administración de justicia.
Desde que el pasado 28 de enero se admitió la primera investigación contra Martinelli, se han abierto otras en la Corte Suprema, sin que en ninguna se haya hecho una acusación formal al exmandatario.
Datos
6 investigaciones ha admitido la Corte en contra del expresidente Ricardo Martinelli
3 nuevos magistrados debe escoger este año el presidente Juan Carlos Varela.
Cifras
9 Es el número de magistrados que componen el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
3 casos evidentes de presiones que Movin ha hecho a funcionarios de la administración de justicia.