Sociedad

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Organizaciones expresan su respaldo al diálogo minero

Los gremios empresariales ven en las conversaciones una oportunidad para recuperar empleos, ingresos fiscales y exportaciones. Mientras las organizaciones comunitarias y de cumplimiento piden participación ciudadana, y fiscalización ambiental independiente.

El anuncio del presidente José Raúl Mulino de abrir conversaciones con Minera Panamá sobre el futuro de la mina en Donoso ha generado reacciones favorables entre organizaciones sindicales, empresariales, comerciales y comunitarias, que esperan que el proceso permita recuperar empleos y reactivar la economía.

Los distintos sectores coincidieron en que cualquier entendimiento debe desarrollarse con transparencia, seguridad jurídica y cumplimiento de las normas ambientales y laborales. También plantearon la necesidad de que los trabajadores, proveedores y comunidades cercanas al proyecto tengan participación en las conversaciones.

Desde el Sindicato de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa), el anuncio fue recibido como una oportunidad para recuperar puestos de trabajo, devolver estabilidad a las familias y dar respuesta a las comunidades vinculadas con la actividad minera.

Por su parte, la Cámara Minera de Panamá (Camipa) calificó el inicio de las conversaciones como un paso necesario para buscar una solución que proteja el interés nacional y genere beneficios para el país. Entre los posibles aportes de una eventual reactivación mencionó la recuperación de miles de empleos directos e indirectos, ingresos fiscales y exportaciones.

La organización recordó que durante 2023 la operación aportó más de $500 millones al país y que las exportaciones mineras llegaron a representar entre el 75% y el 78% del total de las exportaciones nacionales. También destacó el impacto que tendría la actividad en las empresas proveedoras, contratistas y micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas con la cadena de suministro.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) también respaldó el inicio de las negociaciones y señaló que el objetivo debe ser alcanzar el mejor acuerdo posible para el país, dentro del marco de los principios constitucionales. El gremio consideró que el resultado debe contribuir a la generación de empleo, el desarrollo de las comunidades y el crecimiento sostenible de Panamá.

 

Desde Colón, la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de esa provincia (CCAIC) manifestó que el futuro del proyecto también concierne a los trabajadores, familias, comerciantes y productores de la región. La organización señaló que la provincia necesita recuperar empleos, reactivar el comercio, la industria y la cadena de proveedores para devolver dinamismo a su economía.

La cámara colonense pidió que las conversaciones incorporen participación ciudadana, acceso a información clara y respeto a las distintas posiciones. 

A estas posiciones se sumó el Comité Cívico de Omar Torrijos Herrera, de La Pintada y Donoso, que solicitó que las oportunidades laborales y de contratación beneficien a los residentes de la zona. Entre sus propuestas mencionó programas de capacitación y espacios para pequeños negocios y proveedores locales, además de mecanismos de participación ciudadana y fiscalización ambiental independiente.

 

En materia de transparencia, la World Compliance Association, capítulo de Panamá, consideró que la legitimidad de las conversaciones dependerá de que los compromisos puedan verificarse. La organización recomendó controles sobre el origen de los fondos, auditorías de los materiales extraídos y comercializados, acceso público a la información y cumplimiento de las obligaciones ambientales durante todo el ciclo del proyecto.

Finalmente, la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (Apimpa) también expresó su respaldo al acercamiento y pidió que el proceso sea ordenado, controlado y debidamente fiscalizado. Además, planteó que se cumplan las normas legales, ambientales y laborales del país, sin privilegios ni tratos diferenciados.

Las organizaciones coincidieron en que el futuro del proyecto debe traducirse en beneficios concretos para el país, con oportunidades para los trabajadores, las empresas proveedoras y las comunidades, bajo reglas claras y garantías de transparencia y protección ambiental. 


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