Nuevos elementos en el expediente sobre Cobranzas del Istmo S.A. comprometen la actuación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en relación con los últimos pagos hechos a la empresa.
Las razones que motivaron al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, a pagar $8 millones a Cobranzas del Istmo, a pesar de las investigaciones penales que se adelantan en contra de esta empresa y la actuación del Ministerio Público en este caso, levantan suspicacias.
Estos elementos componen uno de los señalamientos más fuertes que se hacen en contra de la administración del presidente Juan Carlos Varela.
En las últimas horas, la defensa del exadministrador de la Autoridad de Ingresos Luis Cucalón advirtió a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción que no tome declaración jurada al ministro De La Guardia hasta que este pruebe la legalidad de los pagos hechos a Cobranzas del Istmo.
El abogado Carlos Carrillo incluyó también en su solicitud al director de Ingresos, Publio Cortés.
Presentó ante la Fiscalía un informe bancario que constata la facturación y pago de $8 millones, a través de transferencias, a la cuenta de Cobranzas del Istmo entre julio de 2014 y enero de 2015.
Carrillo llamó la atención sobre el hecho de que el MEF no incluyó este pago en la auditoría que elaboró y que originó la detención de Cucalón.
Agregó que el último pago fue hecho un día después de la querella presentada contra Cucalón, es decir, a sabiendas de que había un proceso legal andando.
A un año de Gobierno, De La Guardia sigue siendo blanco de críticas de diversos sectores por los pagos realizados a dicha empresa, a pesar de haber solicitado él mismo una investigación por supuestas ilegalidades.
También se cuestiona la cercanía de De La Guardia con los exministros Alberto Vallarino y Frank De Lima, así como con el propio Cucalón, y su participación en el proceso de contratación de Cobranzas en el 2010.
A juicio de Carrillo, la Fiscalía debe actuar frente a una "clara intención" que han mostrado las autoridades del MEF de callar los pagos a la empresa.
No obstante, resaltó que la última querella presentada directamente en contra de su cliente excluye al resto de las personas señaladas en este caso.
"A pesar de que en la actualidad hay indagatorias contra un número plural de personas, la querella del MEF se refiere exclusivamente contra Luis Cucalón", dijo.
"Para el MEF, el único responsable es Cucalón", puntualizó.
En tanto, el abogado Sidney Sittón considera que esta situación responde al hecho de que el Ministerio Público hace investigaciones en torno a lo que dicta el Órgano Ejecutivo.
Sittón afirmó que las investigaciones del Ministerio Público no son correctas e imparciales. Agregó que bajo ese esquema, "nunca va a existir una investigación veraz sobre este caso".
Enfrenta críticas
A pesar de las críticas, el ministro De La Guardia se desvinculó del contrato firmado por su subalterno cuando fungía como viceministro de Finanzas en el 2009.
Sostiene que los pagos a Cobranzas del Istmo se efectuaron una vez la Contraloría General refrendó los documentos.
No obstante, el último pago hecho por De La Guardia se hizo una vez la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender el contrato entre el Estado y Cobranzas.
El argumento más recurrente del ministro es que el MEF no tiene potestad para detener pagos ordenados por la Contraloría.
Esto, a pesar de que el ministro ha mantenido la postura de que Cobranzas fue contratada para provocar un desfalco al Estado.
De La Guardia ha manifestado estar dispuesto a declarar cuando el Ministerio Público lo amerite. La declaración se haría a través de un cuestionario escrito.
Faltan elementos
El catedrático y constitucionalista Miguel Antonio Bernal considera que varios implicados del actual gobierno en este caso están libres porque Cucalón no ha querido contar toda la verdad.
Sostuvo que el silencio de Cucalón mantiene contentos a muchos, entre ellos, el ministro Dulcidio De La Guardia.
El jurista cuestiona el carácter preferencial que dan las autoridades de los órganos Judicial y Ejecutivo al caso de Cobranzas y las medidas de sanción.
"El señor Vallarino (Alberto) sigue sentado a la diestra del señor presidente (Juan Carlos Varela), mientras que otros ocupan altos cargos. No se ve una verdadera voluntad para que este caso no quede impune", planteó.
En este caso, el empresario Cristóbal Salerno recibió una medida cautelar de casa por cárcel, luego de imputar a altos exfuncionarios y de devolver más de $20 millones ganados con Cobranzas del Istmo.
Los abogados de Cucalón han solicitado al Ministerio Público el mismo tratamiento argumentando que este enfrenta severos problemas de salud que ponen su vida en peligro en el sistema penitenciario.
"Se está pidiendo a la Fiscalía, que garantice la vida de Cucalón", dijo.
La contratación
El contrato con la sociedad Cobranzas del Istmo, en octubre de 2010, se hizo a un plazo de seis años, renovables por cuatro años más.
El contrato se hizo de forma directa, según Cucalón, al no tratarse de un servicio exclusivo. El Gobierno le otorgó a Cobranzas 350 cuentas morosas por cada cobrador interno.
La empresa tendría la libertad de negociar arreglos de pagos y cobraría entre 15% y 30% en función de los cobros efectivos. El contrato fue firmado en momentos en que la Dirección General de Ingresos enfrentaba una evasión fiscal superior a los $500 millones.
Cifras
$21.8 millones gestionó Cobranzas en cobros de morosidad a la sociedad estatal Tocumen S.A.
15% y 30% era el margen que cobraría la empresa por los cobros efectivos que lograra hacer.
Pagos
$8 millones recibió Cobranzas entre junio 2014 y enero 2015, según la defensa de Luis Cucalón.
$500 millones de evasión fiscal enfrentaba el Estado cuando se contrató a Cobranzas.
