A pesar de que en el país existe una legislación que protege a las personas con discapacidad y exige a las empresas una contratación del 2% de su personal, fundaciones dedicadas al apoyo de estas personas consideran que en el mercado laboral persiste la discriminación.
Las cifras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) confirman este argumento, al detallar que de enero a marzo del presente año la contratación general alcanza a 69 mil 529 personas y de estas, solo 54 son discapacitados, es decir solo un 0.07%.
Ángel Cárdenas, director ejecutivo de la Asociación de la Panameña de Industrias de Buena Voluntad, asegura que “siempre se ha dado la discriminación, no es en todas las empresas, pero sí en algunas”.
Afirmó que “generalmente los que realizan la contratación creen que las personas con discapacidad no pueden desarrollar la labor que ellos quieren o como la desean, y piensan que son una carga para la empresa, más que un apoyo”.
Con esto coincide Dalia Chong de Jaramillo, asesora de la Fundación Laboral Jóvenes y Adultos con Discapacidad (FL-Jadis), quien también asegura que actualmente hay discriminación por parte de algunas empresas.
“Las empresas necesitan más sensibilización y capacitación para saber cómo tratar a las personas con discapacidad”, enfatizó.
Esto, a pesar de que el artículo 44 de la Ley 42 del 27 de agosto de 1999, establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y señala que todo empleador que tenga 50 trabajadores o más contratará y/o mantendrá empleados con discapacidad, debidamente calificados, en una proporción no inferior al 2% de su personal.
Sin embargo, la baja contratación de personas con discapacidad también se ve reflejada en la cantidad de contratos que se realizaron durante los 12 meses del año 2014, cuando sumaron apenas 251 de los 280 mil 117 contratos registrados en todo el país, es decir solo un 0.09%.
Las cifras muestran que durante el año 2013 se contrataron a 335 personas con alguna discapacidad, lo que representa únicamente un 0.13% de la contratación total de mano de obra en el país que fue de 259 mil 831, según las estadísticas registradas por el Mitradel.
La baja contratación persiste a pesar de que la Ley 42 señala que los discapacitados deberán recibir un salario igual al de cualquier otro trabajador que desempeñe la misma tarea dentro de la institución o empresa.
Añade el artículo 45 que las instituciones o empresas que se nieguen a contratar y/o mantener 2% del personal con discapacidad, estarán obligadas a aportar al Mitradel una suma igual al salario mínimo por cada persona dejada de contratar.
De acuerdo con Mazai Alvarado, psicóloga de la Fundación Soy Capaz, una de las causas de la baja contratación de discapacitados por parte de las empresas, es que los empresarios se centran solo en el perfil que ellos están buscando.
Aunque destaca que en la fundación hay jóvenes preparados académicamente y con títulos universitarios y ni aun así son contratados, porque, según los contratantes, no cumplen con el perfil que buscan.
“Hay personas con discapacidad a nivel cognitivo (tipo mental) y es muy poco probable que no los contraten en el ámbito laboral porque tienen un tipo de deficiencia intelectual leve”, aseveró.
Bajan los aspirantes
Y aunque los especialistas aseguran que las personas con discapacidad salen en busca de trabajo, las cifras registran una baja en los interesados en aspirar para obtener un empleo.
De enero a diciembre de 2013, unas 408 personas con discapacidad buscaron trabajo, mientras que en 2014 solo intentaron lograr una plaza, 377, es decir 31 personas menos.
La entidad detalla que en los tres primeros meses del presente año unas 267 personas con discapacidad han buscado trabajo y de esa cantidad, solo 54 han sido contratadas.
René Quevedo, consultor de inserción laboral, concuerda con las cifras y asegura que la demanda de empleo para personas con este perfil ha disminuido de manera coyuntural.
Cárdenas considera que algunos de los factores que afectan la búsqueda de trabajo por parte de estas personas, tiene que ver con la sobreprotección que le dan sus padres y por los subsidios de los programas de ayuda social del Estado.
Agregó que hay empresas que no tienen las infraestructuras adecuadas (barras arquitectónicas) para la comodidad de las personas con necesidades especiales.
Por su parte, la directora general del Instituto Panameño de Habilitación Especial (Iphe), Maruja de Villalobos, considera que la inserción laboral de personas con discapacidad, es un derecho, igual al de la educación.
Por otra parte, Ricardo Sotelo, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), enfatizó que generalmente la industria cumple la normativa de contratar a personas con discapacidad.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), ha organizado talleres de sensibilización sobre la discapacidad y los derechos humanos
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