El exvicepresidente de la República Arturo Vallarino aseguró que es un “secreto a voces” que el mandatario Juan Carlos Varela interviene en las sumarias que lleva a cabo la Procuraduría General de la Nación, en el expediente relacionado con supuestas escuchas telefónicas a opositores del pasado gobierno.
Vallarino, en declaraciones a la emisora KW Continente, manifestó que el asunto es grave, ya que quienes deben velar porque se cumplan con las garantías constitucionales y legales son las autoridades, sin embargo, lo que ocurrirá es que se le tema al Gobierno.
La reacción de Vallarino se genera luego de que el abogado Cristóbal Arboleda, representante legal del exsecretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz, denunciara en un escrito que un abogado que labora en la Presidencia de la República interviene en diligencias judiciales del caso sin ser parte del proceso.
Se trata de David Hidalgo, quien fue nombrado como abogado por Varela el 1 de septiembre de 2014, con salario de 2,000 dólares mensuales, de acuerdo con la información que pudo confirmar Panamá América.
“Él revisa a diario el expediente, lleva papelitos y mensajes a la fiscalía”, denunció el abogado de Alejandro Garuz, Cristóbal Arboleda, en un claro caso de intromisión del Ejecutivo y que es parte del denominado “Plan Varela”.
Sobre este sensible señalamiento, Vallarino dijo que la ciudadanía debe denunciar más este tipo de acciones, además de que la decisión del Ministerio Público de permitir estas prácticas podría llevar a declarar la nulidad de todo lo actuado por estar viciado.
Comentó que en el país existe un “terrorismo judicial” por parte de las autoridades que investigan los delitos, y que la nueva jefa del Ministerio Público debe tener conocimiento de lo que sucede en los despachos de instrucción.
La abogada Yahaira Pitty también exhortó a la procuradora a rectificar el rumbo, a fin de que “se haga el debido proceso”.
Aunque agregó Pitty en este punto de las investigaciones, “ya no hay dudas de que se está dando una clara injerencia del Ejecutivo”.
En referencia también al papel del Ministerio Público, la exgobernadora de la provincia de Panamá Mayín Correa aseguró en su programa La Palabra que no entiende por qué sucede este tipo de irregularidades en el país.
Tras menos de dos semanas del ascenso de Kenia Porcell como procuradora general de la nación, el Ministerio Público ordenó la detención de Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, dos exsecretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional, luego de una investigación relámpago, por supuesto espionaje a opositores del anterior gobierno.
Además de la premura, al abogado Renato Pereira también le llama la atención la “nocturnidad” en la detención de los acusados de los pinchazos.
En declaraciones a NEXtv, Pereira afirmó que el Ejecutivo desvía la atención de otros problemas y promueve el espectáculo.
Aunque para el exfiscal auxiliar Neftalí Jaén, las frases con ciertos ribetes eufemísticos, como “promoción del espectáculo” y “show mediático”, deben dar paso a calificativos más exactos.
“Yo lo llamaría linchamiento mediático”, indicó el abogado Jaén.
Hoguera política
A juzgar por la forma de hacer justicia -hasta ahora- de la administración Varela, Neftalí Jaén advirtió que “aquí solo falta que la Plaza Porras la convirtamos en una hoguera pública, busquemos la leña y la gasolina y prendamos la hoguera para que arda”, indicó en tono figurativo.
Para el exfiscal, pareciera más bien que estamos ante pases de factura política y no en el interés de justicia.
Jaén recordó que esta duda parte desde la propia designación de la procuradora Kenia Porcell, toda vez que ella viene de un cargo con mando y jurisdicción bajo el presidente Juan Carlos Varela, en calidad de subdirectora del Consejo de Seguridad.
“Y al venir de ese cargo, pareciera que le debiera favores al presidente de la República”, afirmó.
Inconsistencia
Todo esto ha motivado que en las recientes apariciones públicas del mandatario panameño, los medios hayan sido insistentes en conocer su versión sobre la injerencia del Ejecutivo en las investigaciones por los supuestos pinchazos.
Una y otra vez, Varela ha negado su injerencia. “Dejo eso en manos del Ministerio Público; yo sigo concentrado en mi agenda social”, ha reiterado el presidente.
Pero aunque el mandatario hile fino en sus declaraciones y en sus acciones directas con respecto a las investigaciones, la injerencia es burda en cuanto al tráfico de influencias, que desemboca -en palabras del exvicepresidente Arturo Vallarino- en el “terrorismo judicial” que impera.
Como ejemplo claro, el mandatario nombró a David Hidalgo el 1 de septiembre de 2014 como uno de los abogados de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con la misión expresa -ahora- de “revisar a diario el expediente (de las supuestas escuchas) y llevar papelitos y mensajes a la fiscalía”, según denunció Cristóbal Arboleda, abogado de Alejandro Garuz.
Martinelli responde
El expresidente Ricardo Martinelli indicó en TVN, acerca de los pinchazos telefónicos que envuelven al Consejo de Seguridad, que él estaba dedicado a trabajar y a ver cómo hacía para que Panamá tuviera las más altas tasas de crecimiento, “cómo traía a inversionistas extranjeros, cómo hacía que aerolíneas vinieran a traer turistas” al país.
En ese sentido, el exmandatario explicó que no estaba pendiente ni al tanto de la “bochinchera” de estar pinchando “tonterías”. “El que quiera averiguar algo aquí en Panamá, nada más tiene que hacer una cosa: ir a la Asamblea y preguntarle a los diputados...” o ir a cualquier cafetería para enterarse de todo lo que pasa en el ámbito político, indicó.
Reiteró que en el país hay empresas que se dedican a los pinchazos telefónicos. “Yo no tengo tiempo ni me interesa ni pierdo tiempo para meterme en esas babosadas”, dijo.
Abogados piden respeto a la ley y que se cumpla el debido proceso
Abogados del partido Cambio Democrático dicen sentir preocupación ante las violaciones a los debidos procesos por parte del Ministerio Público. Este lunes, en conferencia de prensa, hicieron un llamado a la procuradora Kenia Porcell para que actúe de manera independiente. Sus agentes han politizado sus investigaciones para hacerle favores a un gobierno que no despega, denunciaron los juristas.
La red social se ha convertido en una plataforma para que todo tipo de voces se pronuncien ante las recientes actuaciones del Ministerio Público, orquestadas desde el Ejecutivo, en claro desconocimiento de los derechos de los imputados en investigaciones que se adelantan.
Derechos Humanos @Declaración: Toda persona acusada tiene derecho a un juicio justo, imparcial, público, con pruebas y respeto al debido proceso, sin discriminación.
Edna Ramos @ednaramosc: Art. 2097 CJ prohíbe uso de promesas o amenazas para que el imputado declare, así como pregunta sugestiva que ponga palabras en su boca.
@Yahaira Pitty: Hay una intromisión del Ejecutivo en los procesos.
@hoyconelpueblo: ¿Por qué será que ningún diputado panameñista ha renunciado al fuero electoral al día de hoy?
@Rgmarcos25: Mi percepción respecto a ciertos fiscales fue un excesivo protagonismo y afán de vender imagen.
@GmasCambios: Respeten el debido proceso.
@dra_jessica: Recuerden que el respeto es la base de una convivencia pacífica. Somos compatriotas y podemos tener diferencias, pero podemos respetarnos!!!
- 2 mil dólares mensuales cobra David Hidalgo, ficha del Ejecutivo en las investigaciones.
