Presentarán nuevo proyecto de ley de extinción de dominio

El Consejo de Gabinete autorizó este martes al ministro de Seguridad, Juan Pino, la presentación, ante la Asamblea Nacional, del nuevo proyecto de ley de la extinción de dominio sobre bienes relacionados con actividades ilícitas.

La nueva propuesta sobre la extinción de dominio busca combatir la delincuencia organizada mediante la aplicación de medidas de cooperación internacional de los sistemas judiciales, organismos policiales y de investigación para la identificación, ubicación, localización y recuperación de activos ilícitos.

Esta iniciativa reconoce que la delincuencia organizada es un problema global que escapa del ámbito nacional y se busca golpear el músculo financiero de las organizaciones criminales fortaleciendo el Estado de derecho, además de que permite cumplir con acuerdos suscritos con organismos internacionales para combatir la delincuencia y la corrupción.

También, incluye varios cambios a la anterior iniciativa que fue archivada por los diputados, entre estos, que especifica los delitos que serían investigados con esta ley: blanqueo de capitales, terrorismo, financiamiento del terrorismo, financiamiento financiero, trata de personas, narcotráfico y asociación ilícita para delinquir. La iniciativa tiene entre sus características la declaración ilícita de los bienes, por lo que tiene un carácter “in rem”, es decir, no va contra la persona.

Por otro lado, el Consejo de Ministros también aprobó la declaratoria del Estado de Emergencia en la comarca Ngäbe Buglé para atender situaciones de deterioro emergente en la red vial. La nueva resolución modifica la anterior con el fin de aumentar el monto para atender esta situación hasta $150 millones.

Además, el Gabinete autorizó al ministro de la Presidencia, José Simpson Polo, a llevar ante el Legislativo el proyecto de ley que establece y regula la Carrera Administrativa con el fin de hacer de esta norma una herramienta jurídica ordenada, de fácil entendimiento y aplicación, tanto para las autoridades nominadoras como para las oficinas institucionales de recursos humanos y los servidores públicos al servicio del Estado, para lograr una gestión pública que esté condicionada a la competencia, lealtad y moralidad en el servicio público.

Mediante esta iniciativa se pretende acreditar a 48 mil servidores públicos a la Carrera Administrativa, beneficiando a funcionarios de varias entidades del Estado.

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