Informe
- La Defensoría del Pueblo
- es la institución encargada de elaborar informes sobre la condición de los privados de libertad.
- Hacinamiento
- Según datos revelados en febrero de 2012 por el Sistema Penitenciario, el 84% de la población penitenciaria está recluida en hacinamiento en 23 cárceles.
En aumento
12,600- personas fue el total de la población penitenciaria en 2011.
- personas fue el registro al cerrar el año 2012.
- privados de libertad hay en todo el país y en 23 cárceles según el Sistema Penitenciario. La mayoría está recluido en las cárceles La Joya y La Joyita.
Salir de la cárcel y reintegrarse a la sociedad es una tarea difícil. Para quienes logran conmutar condenas, la libertad es un dilema.
Una vez fuera de las cárceles, los exprivados de libertad que han salido a través de programas de resocialización enfrentan la poca posibilidad para conseguir un empleo y el estigma de haber sido condenados.
Eso lo sabe muy bien Mauricio de Sousa, quien trabaja jornadas de ocho horas como recolector de basura en el sector este de Panamá.
Al terminar su jornada, como varios de sus compañeros, debe volver a la cárcel y no a su casa. En esta rutina lleva ya 14 meses.
Así como De Sousa otros 90 reos que están participando del programa de resocialización y conmutación de condenas como recolectores de basura fijan sus esperanzas en una promesa de empleo. “Nos dijeron que apenas saliéramos nos iban a dar un trabajo”, pero él se pregunta por qué esto no ha ocurrido para algunos de los que hicieron la misma labor social.
Según han conocido de parte de excompañeros del programa de resocialización, apenas han conseguido trabajos dentro de la construcción.
A Víctor Cuennighan, otro de los reos recolectores de basura, le preocupa no solo el desempleo sino la oportunidad de poder reintegrarse a la sociedad, según él, “hay mucha discriminación” y comenta que ha vivido en carne propia cómo por ser privado de libertad algunas personas llegan a decir que ellos piden dinero para recoger basura, “aquí nadie está cobrando”.
El problema que atraviesan los que conmutan penas sale a relucir después de que el administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Enrique Ho, confesara que por muy bien que estas personas se hayan desempeñado no puede contratarlos porque están inhabilitados para ejercer funciones.
“Había conversado con esos primeros 15 que apenas salieran de la cárcel aquí tenían las puertas abiertas en la Autoridad de Aseo, ahora hay un tema que cuando salen de la cárcel tienen una inhabilitación de funciones”.
Ho se refiere al artículo 52 del Código Penal que dice: “La inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas es consecuencia de la pena de prisión y podrá aplicarse aun cuando esta haya sido cumplida”.
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Si por las condenas ya están vetados para buscar un empleo en el sector público, cómo aspirarían a encontrar uno en el sector privado en medio de la discriminación.
En el caso de los que han tenido un comportamiento eficiente como recolectores de basura, Enrique Ho piensa elevar una petición al presidente de la Corte Suprema de Justicia sustentando que a través de un trabajo supervisado, los privados de libertad están calificados para realizar el trabajo de la institución y así pediría que se levante esa restricción.
Otra de las opciones que ofrece Ho es redactar una carta de recomendación para quienes vayan en búsqueda de una oportunidad a la empresa privada. “Han trabajado bien con nosotros, la idea aquí no es cerrar puertas”, aseguró en las instalaciones de la AAUD en la zona este.
Más que un problema por lograr una plaza de empleo, es el de sanear el récord tras pasar por la experiencia de ser prisionero. Los testimonios de De Sousa y Cuennighan coinciden con los de Gilberto Ortega, otro de los reos que siente gozo por la conmutación de pena.
Con su Biblia en mano y vestido con una camiseta distintiva de los trabajadores de aseo, Ortega relata que conmutar las penas no es un proceso tan sencillo. Quienes llegan a la etapa de labor social son solo aquellos que tienen que pasar dos años de escuela y un registro de buena conducta.
“Esto es un filtro, debes tener libertad vigilada, pasar por una junta técnica. Te evalúan para ingresar a este proyecto”, asegura.
Gilberto Ortega recapacita por sus errores y por irónico que parezca dice: “si yo no hubiera venido a la cárcel, de repente no hubiera conocido de Dios”.
El director del Sistema Penitenciario, Ángel Calderón, confirma con una frase sobre el filtro que menciona Ortega, “no todo el que quiere salir, sale”.
Calderón dice que en la Junta de Técnicos que evalúa a los privados de libertad hay psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, abogados y el director del penal.
Además de la evaluación por especialistas deben pasar por cuatro fases que son: estudio, seguimiento, prelibertad y libertad vigilada, que es la oportunidad de salir a trabajar para conmutar las penas.
“Cuando sacamos a esas personas de ese entorno y los tenemos realizando labores en la sociedad, ese es un beneficio que de una u otra forma es retribuir el daño que ellos hayan causado a la sociedad”, expresa Calderón. Actualmente el sistema de conmutación de penas es también realizado a través de instituciones como el Ministerio de Educación y está reconocido dentro del Código Penal como alternativa a la privación de libertad.
Según el director del Sistema Penitenciario, un promedio de 30 privados de libertad entre los que conmutan y los que no, salen de las prisiones cada año.
En Panamá la población de 23 cárceles alcanza 14 mil 847 personas, según Calderón. De estos, la cárcel La Joya aloja a 9 mil reos y en 2011, la Defensoría del Pueblo calculó en un informe que el 64% de las personas que estaban en prisión no han pasado por juicio y solo el 36% había sido condenado por un juez.
En aquella ocasión el informe también reveló que Panamá se situaba como el país de América Latina, líder en hacinamiento carcelario. Según Calderón, los programas de resocialización representan una oportunidad no solo para el privado de libertad sino también para el Estado, porque cada persona encarcelada cuesta al menos 4 mil dólares al año al erario.
Los privados de libertad que han pasado a la fase de obra social para conmutar penas, primero pasan por un proceso de adiestramiento en plomería, electricidad y otros oficios. Los conmutadores de penas esperan tras una experiencia de resocialización un cambio positivo de por vida.
