Estamos ante una administración de justicia arrodillada al Órgano Ejecutivo, es la conclusión a la que han llegado abogados procesalistas y dirigentes gremiales consultados por Panamá América.
Estas reacciones surgen ante la entrevista que recientemente concediera el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez, al programa Cara a Cara en RPC Televisión, en el que expresó que la entidad ha sufrido un golpe bajo ante un recorte presupuestario que podría generar el despido de 135 funcionarios que laboran para el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Hay que recordar que el SPA se implementó en todo el país desde el 2 de septiembre de este año.
Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), considera que la responsabilidad de esta situación presupuestaria la tiene el Órgano Ejecutivo.
A juicio de Araúz, ello constituye un claro incumplimiento a la Constitución Política, que destaca que la justicia es ininterrumpida y, por ende, al quedarse sin presupuesto para pagarles a los funcionarios es imposible cumplir con los términos que establece la ley en materia de los nuevos modelos de procedimiento penal que recoge el SPA.
En las declaraciones que concediera el secretario general de la Procuraduría, se destaca la necesidad de que se apruebe un crédito extraordinario de 2 millones de dólares para hacerle frente al pago de salario de más de un centenar de funcionarios que están en condición de eventuales dentro del Ministerio Público.
Roberto Moreno fue fiscal, y en ese cargo fue uno de los funcionarios de instrucción que prepararon ante la entrada en vigencia del SPA. Asegura que hubo tiempo suficiente para que en estos momentos nuestras autoridades estén en este tipo de problemas.
"Pareciera que no hubo una programación", dijo Moreno, al señalar que la administración de justicia en general requiere de estabilidad por el tipo de trabajo que se realiza.
Comenta Moreno que en la medida que hay una mayor estabilidad de los funcionarios judiciales se garantiza mejor tranquilidad en la toma de decisiones.
Alfonso Fraguela, presidente del Movimiento de Abogado Gremialista, considera que no es lo más indicado que el Ministerio Público tenga que estar en esta incertidumbre.
"La administración de justicia de un país no debe manejarse en esta situación de incertidumbre de estar esperando que le van a dar el dinero, si van a cobrar", destacó Fraguela.
Para Juan Carlos Araúz, es inconcebible que esta institución de administración de justicia tenga que estar exponiéndose a súplicas.
"La justicia no puede sufrir obstáculos en su desarrollo", dijo Araúz, al calificar la situación que en estos momentos está viviendo la entidad encargada de investigar los delitos.
Consideró que duele ver cómo al Ministerio Público se le coloca en el último puesto en el otorgamiento de las partidas presupuestarias.
El primer distrito judicial de Panamá, el más grande del país, conformado por cuatro provincias y tres comarcas, fue el último en el que entró en vigencia el Sistema Penal Acusatorio, tras una prórroga de dos años.
Funcionarios desgastados atienden fiscalías de descargas en el MP
Luego de cuatro meses de entrar en vigencia el SPA, hay 8,000 expedientes que aún no han sido resueltos y están en las conocidas fiscalías de descargas para que sean resueltos bajo el antiguo sistema inquisitivo.
La información la dio a conocer Alfonso Fraguela, presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas, quien indicó que los expedientes se han quedado rezagados por falta del personal en estas fiscalías de descargas.
Durante las primeras semanas de implementación del SPA, los abogados litigantes se quejaron porque sus expedientes que habían avanzando con el sistema inquisitivo quedaron paralizados.
Pese a las respuestas que brindó el Ministerio Público, estas no han sido suficientes, comenta Fraguela, al señalar que la falta de personas en estas fiscalías de descarga está generando que los funcionarios existentes tienen que hacer sobretiempo para poder responder a las exigencia de los abogados, lo que provoca que estemos ante funcionarios desgastados.