Voces civiles repudian la remilitarización de Varela

El presidente Juan Carlos Varela hace caso omiso a las prohibiciones de la ley y a las críticas de sectores organizados de la sociedad, y a pulso continúa con una remilitarización del país, nombrando a expolicías en altos puestos políticos.

A inicio de su gestión, Varela planteó una especie de "militarización disfrazada", pero con sus últimas acciones ya muestra una "abierta proclividad hacia el militarismo", denuncia el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal.

Las más recientes movidas del jefe del Ejecutivo incluyen nuevas designaciones de militares en altos cargos, así como la firma del polémico Decreto 302, que concede privilegios y jubilaciones especiales a estos funcionarios.

El mandatario Varela ha rechazado la avalancha de críticas surgidas, y en su ya acostumbrado tono matizado con sarcasmo ha dicho que estas designaciones "fortalecen la institucionalidad y la transparencia".

Pero el abogado Ebrahim Asvat, y exdirector de la Policía, es categórico al afirmar que llevar uniformados a puestos políticos debilita la institucionalidad y la transparencia en la administración pública.

Y calificó como "un gran problema filosófico" tratar de justificar la distribución de cargos políticos a miembros de los servicios policiales.

Y de manera particular, Asvat lamentó que un cargo tan sensible como el de ministro de Seguridad haya sido confiado a un militar de carrera, como lo es el exjefe de Interpol Panamá, Alexis Bethancourt.

"El ministerio de Seguridad Pública jamás debió pasar a un miembro de la Policía, porque las políticas de seguridad pública en cualquier país están en manos de los civiles", puntualizó el jurista.

Reiteró que, legalmente, en Panamá "ningún miembro de la Policía puede estar ocupando un cargo político", como ha puesto de moda la gestión Varela.

Ebrahim Asvat también rechazó las interpretaciones de la ley hechas por ministros de Varela, que han tratado de vender la idea de que estos cargos no son necesariamente políticos... "¡son cargos políticos, no son cargos policiales!", dijo el exdirector de la Policía, en entrevista a TVN.

Y la presidenta de Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, también mostró su preocupación por la cantidad de policías que pasan a formar parte de instituciones del Órgano Ejecutivo.

La lista de designaciones de figuras con formación militar en altos cargos de este gobierno, la encabeza el propio jefe del Consejo de Seguridad, Rolando López, quien ha sido señalado como la persona de confianza de Varela para acciones de espionaje y persecución política contra funcionarios de la pasada administración.

Militares en puestos claves también resaltan el director del Servicio Nacional de Migración, Javier Carrillo Silvestri, un policía con 23 años de servicio, que llegó a ser director de la Policía Técnica Judicial.

El subdirector de Migración, Miguel López Cedeño, también es un exmilitar.

Y en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Varela ubicó a Alejandro Melo Tuñón, egresado como subteniente de un Colegio Militar de Argentina.

Igual ocurre en el Sistema Penitenciario, donde funge Mario Chan Durán, un criminólogo con formación en defensa y seguridad pública.

Ni qué decir de la designación de Omar Pinzón como director de la Policía, pese a que la ley exige que ese cargo debe estar en manos de un civil.

También hay militares al frente del SPI, Senafront, Senan, de la seguridad del aeropuerto de Tocumen, en Aduanas, y hasta en el Ministerio Público, que está liderado por personas con formación militar o allegados a militares.

"Aquí lo único que hace falta es que dentro de pocos días nos digan que van a nombrar de ministro de Educación a un excomisionado. Ya no va a haber consejo de Gabinete, sino Estado mayor", como en la dictadura, ironizó Magaly Castillo.

"Eso sin contar la cantidad de excomisionados que hay como agregados militares y cónsules", agregó la vocera de Alianza Ciudadano Pro Justicia.

"Sr. presidente, quien se va a sublevar no es la Policía, sino el pueblo panameño", concluyó la activista Magaly Castillo.

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Docentes denuncian los privilegios que da el Estado a los uniformados

El dirigente magisterial Luis López se unió a las voces que repudian el Decreto Ejecutivo 302, que ofrece prebendas y jubilaciones especiales a los uniformados que ocupan altos cargos en este gobierno.

López calificó de “ilegal” el decreto, y denunció fueros y privilegios, recordando que durante la gestión del presidente Ernesto Pérez Balladares, justamente por esta razón se eliminaron jubilaciones especiales a 18 sectores públicos.

“Esto afectó a educadores, empleados de la Contraloría, enfermeras, entre otros, que tuvieron que idearse planes de autofinanciamiento [como Siacap y el PRA] para aspirar a una mejor jubilación”, dijo López a “Panamá América”.

“Lo justo sería que los policías hicieran lo mismo si quieren jubilaciones especiales, y no le dejaran la carga al Estado, como plantea el decreto”, señaló López.

Varela prefiere la prepotencia de ‘Picuiro’ al genio creativo de Mizrachi

Analogía de dos casos actuales deja al descubierto la proclividad del mandatario de la República

Desprecio al talento innovador: El analista político, José Blandón, platea un parangón entre el desprecio mostrado por el presidente Varela hacia Mayer Mizrachi, vs. los poderes que le ha concedido al jefe del Consejo de Seguridad.

¿El verdadero poder?: Tal es el poder de Rolando López en el actual gobierno, que incluso recomienda a jueces y fiscales. "Es el que maneja Panamá, el que manda”, ha denunciado de manera tajante el expresidente Ricardo Martinelli.

Violación a ley

7 es el artículo de la Ley de la Policía que exige “imparcialidad política” a los uniformados.

302 es el polémico decreto que pretende pasar por encima de lo dispuesto en la Ley 93 de 2013.