La tragedia que sufrió Argentina durante la última dictadura militar dio paso a un proceso judicial para investigar los crímenes de lesa humanidad que la Corte Suprema de la Nación calificó hoy como el "más importante del mundo" y llevarlo adelante "es una política de Estado".
Al presentar en Buenos Aires un balance sobre la tramitación en los últimos cuatro años de juicios por violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1976 y 1983, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, aseguró que la convicción de llevar adelante estos procesos es "una política de Estado".
"Ha sido una decisión de toda la sociedad. Y no hay marcha atrás porque es una idea que ha madurado, y no hay nada más poderoso que una idea a la que le llega su tiempo", afirmó Lorenzetti durante un acto en el Palacio de los Tribunales al que acudió también el juez español Baltasar Garzón.
Según el informe, en los últimos cuatro años la Justicia argentina ha abierto más de 40 causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, que dejó 30.000 desaparecidos según organizaciones humanitarias.
Entre 2006 y julio de 2010, los magistrados dictaron sentencia en 26 juicios, otros 11 se encuentran en plena etapa de debate oral y público y 7 más ya tienen fecha para el comienzo de las audiencias.
Entre los procesos en trámite destacan la "megacausa" que investiga los delitos de represión cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la principal cárcel clandestina del régimen militar.
En este proceso están acusados, entre otros, los ex marinos Alfredo Astiz y Ricardo Miguel Cavallo, extraditado desde España en julio de 2008.
También el juicio que se desarrolla en la provincia de Córdoba (centro) contra el ex presidente de facto Jorge Videla y otros 24 antiguos jefes militares y policías, entre ellos el ex general Luciano Benjamín Menéndez.
La larga lista de condenados desde 2006 incluye al ex presidente de facto Reynaldo Bignone, un sacerdote, ex generales y otros altos cargos del Ejército, la Policía y los servicios de inteligencia, pilares de la represión durante la dictadura.
Para el titular de la máxima instancia judicial del país, los juicios de lesa humanidad "no dependen de una coyuntura, ni de una elección, ni de la decisión de una persona que esté en el Gobierno".
"Están hoy dentro del contrato social de los argentinos, y forman parte del consenso básico que tiene la sociedad", manifestó tras ponderar la "trascendencia histórica" de estos procesos judiciales.
Lorenzetti valoró, además, el "esfuerzo institucional" de los tres poderes del Estado "en el marco del derecho y del debido proceso", así como el trabajo de una comunidad que "instaló culturalmente el tema en la sociedad".
"Este proceso social tuvo como reflejo un proceso institucional progresivo y múltiple como el que hoy vemos. Y no es a la inversa", matizó en presencia de miembros del Gobierno, funcionarios del Poder Judicial y representantes de organismos de derechos humanos.
Aunque admitió que "aún queda mucho por hacer", remarcó la importancia de que "no hubo que crear nuevos jueces ni nuevas leyes" para juzgar a los represores y en especial agradeció a las entidades humanitarias -"que pidieron justicia y no ajusticiamiento"- y a representantes de los Gobiernos de España, Italia, Francia y Suecia, entre otros.
"No queremos nunca más que nuestros hijos sean perseguidos por el propio Estado por el hecho de ser o pensar diferente", sentenció.
"Taty" Almeida, líder del sector más moderado de las Madres de Plaza de Mayo, calificó de "histórica" la presentación de este informe y se declaró "orgullosa" de la "transparencia" de "esta Corte Suprema".
"Estoy conmovida. Hoy es uno de esos días que pensé que jamás viviría", comentó a Efe. "Falta mucho por hacer, pero estoy orgullosa de la Justicia que tenemos", insistió.
Las causas por violaciones de los derechos humanos se reactivaron en Argentina tras la derogación parlamentaria en 2003 de las denominadas "leyes del perdón", dictadas en la década de los años ochenta y que beneficiaron a un millar de represores.
Dos años después, estas normas fueron declaradas "inconstitucionales" por la Corte Suprema, que en 2007 también anuló los indultos concedidos en 1989 y 1990 por el entonces presidente, Carlos Menem, a jerarcas de la dictadura y dirigentes guerrilleros.
